En un importante giro en la política penitenciaria de Chile, el presidente Gabriel Boric anunció hoy la transformación de la cárcel de Punta Peuco, ubicada en la comuna de Til Til, región Metropolitana, en un penal común. El cambio se produce luego de que la Contraloría General de la República diera su visto bueno al decreto que modifica el carácter especial del establecimiento, que hasta ahora albergaba a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.
Durante su intervención, Boric destacó que este es un paso clave en su compromiso con la justicia y la igualdad ante la ley. “Punta Peuco deja de ser un penal especial para victimarios de la dictadura y se transforma en un establecimiento común, sin distinciones entre los prisioneros, basándose exclusivamente en criterios de seguridad”, afirmó el mandatario. La medida también se enmarca en un esfuerzo más amplio del gobierno para afrontar la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles del país.
La decisión fue anunciada inicialmente en la Cuenta Pública del 1 de junio, pero ha sido formalizada tras la aprobación del decreto por parte de la Contraloría. El cambio implicará no solo una modificación en la denominación del penal, sino también la construcción de nuevas infraestructuras en el recinto, como espacios para visitas y oficinas técnicas, con el objetivo de adecuarlo a las necesidades de un sistema penitenciario más inclusivo.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, subrayó que esta modificación responde a un compromiso de justicia histórica. «Esta medida culmina un proceso formal que comenzó en julio, cuando ingresamos el decreto para transformar Punta Peuco en un centro penitenciario común, alineado con los estándares del resto de las 80 cárceles del país», explicó el ministro.
Un acto de justicia y reparación
Para el gobierno, esta reforma representa un acto de reparación frente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, y pone fin a la idea de que existan «presos de primera categoría». Según Boric, el hecho de que Chile haya mantenido una prisión especial para los responsables de crímenes de lesa humanidad no tenía justificación, considerando que todos los reclusos deben ser tratados por igual en el sistema penitenciario.
A partir de mañana, el Decreto Supremo será publicado en el Diario Oficial, habilitando a Gendarmería de Chile para iniciar la segregación de los internos, bajo las mismas condiciones que los demás establecimientos del país.
Con esta decisión, el gobierno de Boric refuerza su compromiso con la justicia y la reparación histórica, aunque el tema sigue siendo objeto de debate dentro de distintos sectores de la sociedad chilena.