La nueva ley moderniza el sistema notarial y registral chileno, poniendo término a designaciones heredadas, fijando topes de edad, estableciendo concursos públicos y regulando tarifas para garantizar mayor transparencia y acceso ciudadano.
El Gobierno promulgó la Reforma del Sistema Notarial y Registral, considerada la más profunda de las últimas décadas. La normativa, ingresada en 2018 tras más de 16 años de intentos fallidos, busca terminar con prácticas cuestionadas como el nepotismo y la disparidad de cobros entre notarías.
Entre los principales cambios destaca la designación mediante concursos públicos a través del Sistema de Alta Dirección Pública, lo que reemplaza el actual mecanismo de ternas elaboradas por las Cortes de Apelaciones. Junto con ello, se establecen inhabilidades estrictas, prohibiendo que familiares directos de altas autoridades —como parlamentarios, ministros de Estado o del Poder Judicial— puedan acceder a cargos de notario, archivero o conservador.
La reforma también pone fin a los cargos vitalicios, fijando un límite de edad de 75 años para ejercer. Según estimaciones del Ministerio de Justicia, cerca de 50 notarios actuales dejarían sus funciones cuando la norma entre en vigencia.
Otro de los cambios apunta a la transparencia en tarifas, fijando precios máximos determinados por los ministerios de Justicia, Hacienda y Economía. Estos cobros podrán ser fiscalizados, mientras que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tendrá facultades para recibir reclamos de usuarios por malas prácticas o cobros indebidos.
La modernización incluye además horarios obligatorios de funcionamiento, requisitos de infraestructura y digitalización de trámites, con acceso remoto y gratuito a registros, portales informativos y canales de reclamos.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca transformar un sistema históricamente cuestionado, garantizando mayor transparencia, igualdad de acceso y calidad de servicio para la ciudadanía.