El Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó una visita a terreno en la Escuela Isabel Peña Morales, donde apoderados y autoridades alertaron sobre deficiencias en la preparación de los alimentos entregados por Junaeb.
La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Atacama ofició a la Seremi de Salud y a la Dirección Regional de Junaeb, tras recibir denuncias sobre deficiencias en la calidad de los alimentos proporcionados a estudiantes de la Escuela Isabel Peña Morales, ubicada en Copiapó y parte del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama.
Las denuncias, que surgieron desde apoderados y fueron respaldadas por la diputada Sofía Cid, apuntan a que raciones de pescado, jurel y otros alimentos se habrían entregado crudos, mal preparados o con espinas. También se señaló que carnes rojas y pollo se habrían servido en similares condiciones. Según constató el INDH, 305 estudiantes reciben alimentación a través de Junaeb en este establecimiento, distribuida en desayuno, colación y almuerzo.
En su visita a la escuela, el INDH verificó los antecedentes y, a través de un oficio a la Seremi de Salud, solicitó información sobre la fiscalización del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el recinto, las medidas adoptadas frente a la situación y si se han considerado acciones para mitigar impactos en la salud de niñas, niños y adolescentes.
En paralelo, el oficio dirigido a Junaeb consulta si la institución manejaba información previa sobre los problemas reportados, desde cuándo, qué medidas se han adoptado, y si estas incluyeron mecanismos de reparación. Además, el INDH pide precisar si la situación fue reportada a otras autoridades competentes y cuándo se realizó esta notificación.
El organismo recordó que los derechos a una alimentación adecuada están consagrados en tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación suficiente y saludable.
Asimismo, citó la Observación General N.º 19 del Comité de los Derechos del Niño, que insta a los Estados a priorizar presupuestariamente la alimentación escolar como una garantía esencial de derechos sociales, con recursos suficientes, eficientes y transparentes.
Finalmente, la sede regional del INDH subrayó que la Ley 21.430 sobre Garantías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia establece que en todas las decisiones del Estado relativas a niños, niñas y adolescentes, debe primar el principio del interés superior del niño.