Desde junio de 2024, las cuentas eléctricas incluyen un cargo del 0,52% destinado a cubrir futuras indemnizaciones por interrupciones del suministro.
Las boletas de electricidad en Chile comenzaron a incluir desde junio de 2024 un cobro no detallado que permite a las empresas distribuidoras financiar las compensaciones que deben pagar a los usuarios por cortes de luz. La medida afecta a casi siete millones de clientes residenciales y fue confirmada por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
El cargo, que no aparece desglosado en las facturas, equivale al 0,52% del valor total de la boleta. Por ejemplo, una cuenta mensual de $100.000 incluye $520 destinados a este concepto. La medida fue implementada por 21 de las 26 empresas distribuidoras del país, entre ellas Enel, CGE, Chilquinta y Saesa.
Este mecanismo surgió a raíz del proceso de fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) para el período 2020-2024, el cual se retrasó más de tres años debido a diferencias entre la CNE y las distribuidoras. Como solución, se decidió trasladar el costo de las compensaciones directamente a los usuarios.
Los cargos se aplican en 9 de las 12 Áreas Típicas de Distribución del país y fueron detallados posteriormente por la CNE como dos ítems: uno de 0,46% y otro de 0,06%.
En paralelo, durante 2024 la CNE modificó la Norma Técnica de Calidad de Servicio. Entre los cambios más relevantes se encuentra la reducción del límite anual de cortes de suministro de 12 a 9 horas, así como la ampliación del plazo para reponer el servicio en zonas rurales, que pasó de 4 a 6 horas.
El mecanismo ha sido cuestionado por diversos actores técnicos, quienes advierten que el traspaso de estos costos a los clientes representa una medida regresiva. El Panel de Expertos del sector energético ya había señalado en 2023 que incorporar estos montos en las tarifas no era una solución adecuada.
Además del cobro por compensaciones, las boletas de luz incorporarán nuevos recargos asociados al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), debido a una deuda de US$91 millones generada por la aplicación de la Ley 21.667 entre julio y agosto de 2024. Este fondo también será financiado por los usuarios.
La controversia se suma a los efectos del temporal de agosto de 2024, que dejó a 2,4 millones de personas sin electricidad. En ese contexto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles confirmó que casi todas las empresas distribuidoras pagaron compensaciones automáticas, excepto Enel, que se negó a hacerlo aludiendo fuerza mayor.
La situación ha generado inquietud tanto entre usuarios como en el ámbito legislativo, debido a la falta de transparencia en el detalle de las boletas y al impacto económico que representan estos cobros adicionales para las familias, pequeñas empresas y sectores vulnerables.