Informe aprobado por la Cámara apunta a irregularidades en la negociación por el litio y estima un posible perjuicio fiscal superior a los US$6.700 millones.
Parlamentarios de la comisión especial investigadora del acuerdo entre Codelco y SQM por la explotación de litio en el Salar de Atacama entregarán este lunes un informe a la Contraloría General de la República, advirtiendo una serie de irregularidades que comprometerían la transparencia y legalidad del convenio.
El informe, aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados con 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones, propone dejar sin efecto el acuerdo y cuestiona la ausencia de un proceso de licitación, la limitada competencia para nuevos actores y la falta de garantías de beneficio económico efectivo para el país. El documento estima un eventual perjuicio fiscal que podría superar los US$6.700 millones.
El objetivo de la presentación ante Contraloría es que el órgano fiscalizador revise la legalidad del acuerdo y vele por una correcta administración de los recursos generados por el litio, con criterios de equidad territorial y responsabilidad fiscal.
Pese a las críticas, el Gobierno ha defendido el convenio como una oportunidad estratégica para posicionar a Codelco como actor relevante en el mercado global del litio. Desde el oficialismo se argumenta que el acuerdo permitiría consolidar el liderazgo de Chile en la industria y garantizar presencia estatal en uno de los sectores económicos más dinámicos del futuro.
No obstante, desde la comisión investigadora se advierte que las condiciones pactadas podrían favorecer exclusivamente a SQM, restringiendo la participación de otras empresas, y dificultando una distribución efectiva de los beneficios en los territorios donde se desarrolla la actividad.
En paralelo, el consejo directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear aprobó el aumento de la cuota de extracción de litio en el Salar de Atacama para Minera Tarar, filial de Codelco. La modificación autoriza la producción de hasta 330 mil toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, a partir del 1 de enero de 2031 y por un período de 30 años.