La normativa moderniza los criterios de nombramiento, introduce nuevas inhabilidades, fortalece la fiscalización y busca mejorar el acceso y la calidad del servicio para los usuarios.
Luego de más de seis años de discusión legislativa, el Senado aprobó este martes la reforma al sistema registral y notarial, despachando el proyecto a ley. La normativa ahora será revisada por el Tribunal Constitucional para su control de constitucionalidad, conforme al procedimiento vigente.
El texto legal modifica aspectos orgánicos y funcionales del sistema de notarios, conservadores y archiveros (NCyA), con el objetivo de garantizar mayor transparencia en los nombramientos, reducir la concentración de poder en el Poder Judicial y mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía.
Entre los cambios más relevantes se encuentra el traspaso del proceso de selección al Servicio Civil, que estará encargado de convocar, evaluar y proponer a los candidatos. El Presidente de la República deberá escoger, mediante resolución fundada, entre los tres primeros lugares del listado, en un plazo de 20 días hábiles.
La reforma también elimina el requisito del informe favorable de la Corte de Apelaciones y establece nuevos criterios técnicos para la apertura de oficios notariales, como las necesidades del territorio, la calidad del servicio y el acceso de la población. Estos deberán ser evaluados por informes del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema.
Uno de los puntos más esperados era la introducción de inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo la prohibición de contratar a familiares de autoridades del Poder Judicial y otras funciones públicas. Esta restricción se extiende por un año tras el cese en el cargo de dichas autoridades.
El cuerpo legal fortalece la fiscalización del desempeño de los NCyA, asignando dicha labor a la Fiscalía Judicial, con nuevos mecanismos disciplinarios e informes periódicos. Además, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) tendrá facultades para fiscalizar el cumplimiento de normas relativas a calidad de servicio y derechos de los usuarios.
En materia de tarifas, la ley establece que los aranceles por servicios notariales deberán fijarse mediante un mecanismo técnico y objetivo, con precios máximos obligatorios que deberán ser respetados.
Finalmente, la reforma incluye exigencias de modernización tecnológica y atención al público. Los oficios deberán disponer de infraestructura digital para trámites electrónicos, acceso remoto gratuito a registros, canales formales de atención ciudadana, y presencia web con información actualizada sobre ubicación, horarios, tarifas y requisitos.
Con esta ley, el Congreso da un paso significativo hacia la modernización de un sistema altamente cuestionado por su opacidad y falta de competencia, dando respuesta a demandas ciudadanas y compromisos pendientes de la agenda de probidad y transparencia institucional.