El informe anual evidenció fallas graves en contratos, rendiciones de cuentas, pagos sin respaldo y uso negligente de recursos públicos. Atacama figura con observaciones por pagos improcedentes y documentación faltante.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó su informe anual correspondiente al periodo abril 2024 – marzo 2025, revelando un desorden estructural en la gestión financiera del Estado, con irregularidades que suman $1.505.707.732.640. El documento —de 233 páginas— se elaboró tras 792 fiscalizaciones y fue remitido al Congreso como parte del convenio suscrito en 2014.
Las fallas detectadas abarcan múltiples áreas: incumplimientos contables y presupuestarios ($359 mil millones), contratos irregulares ($328 mil millones), deficiencias en rendiciones de cuentas ($316 mil millones), manejo inadecuado de fondos ($252 mil millones), pagos sin respaldo ($57 mil millones) e ingresos no percibidos ($81 mil millones).
La Región de Atacama aparece entre las regiones con observaciones relevantes, junto con Biobío, Los Ríos, Aysén, Coquimbo, Arica y Parinacota, entre otras. En Atacama, la Contraloría detectó rendiciones sin documentación de respaldo y pagos improcedentes a beneficiarios no habilitados.
Uno de los focos más críticos del informe fueron los Gobiernos Regionales, con más de $303 mil millones objetados. En el caso de Atacama, se verificaron pagos sin respaldo y omisiones graves en los procesos de control y rendición.
La CGR también cuestionó la gestión de Carabineros de Chile, con más de $151 mil millones en observaciones, y de las delegaciones presidenciales, por pagos duplicados, contratos sin fiscalización y adquisiciones con sobreprecio. La Subsecretaría de Prevención del Delito, por su parte, fue observada por instalar cámaras que no funcionaban o que no cumplían con lo comprometido.
En muchas instituciones, la Contraloría constató que no se iniciaron procesos disciplinarios ni juicios de cuentas, y en varios casos los recursos observados ni siquiera se registraron como deuda exigible, lo que impide su recuperación.
Bajo la conducción de la contralora Dorothy Pérez, este informe se entregó íntegramente a todos los parlamentarios, marcando un quiebre con la práctica de mantener en reserva estos hallazgos. El propio documento advierte “Rendición de cuentas tardía, mal hecha o incompleta no quiere decir que se robaron esa plata, quiere decir que no sabemos qué pasó con ella, pese a que es plata pública y que, por ende, todos deberíamos saber qué pasó con esa plata”.