Las seremis de Salud y de la Mujer y Equidad de Género destacaron que la propuesta busca proteger la salud y la vida de las mujeres, poniendo fin a la criminalización y la clandestinidad en Chile.
Con el inicio de la tramitación del proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y de la Mujer y Equidad de Género de Atacama hicieron un llamado a debatir la propuesta desde una perspectiva de salud pública, derechos humanos y dignidad para las mujeres.
La iniciativa, presentada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, comenzó su discusión el lunes 2 de junio en las comisiones de Salud; Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El seremi (s) de Salud de Atacama, Richard González, señaló que la medida apunta a prevenir riesgos sanitarios derivados de la clandestinidad. “Desde una perspectiva sanitaria, debemos procurar y evitar que las mujeres tengan que recurrir a procedimientos en la clandestinidad, muchas veces en condiciones precarias que ponen en riesgo su vida y salud. Este proyecto busca generar las condiciones para mejorar la salud pública, al ofrecer una atención segura, regulada y con acompañamiento médico. Como Gobierno, promovemos una salud que garantice equidad, dignidad y decisiones informadas para todas las personas”, afirmó.
Desde el Ministerio de Salud se ha reiterado que, pese a los avances en regulación de la natalidad, los abortos siguen ocurriendo y su clandestinidad implica consecuencias graves. La ministra Ximena Aguilera ha advertido que esta situación genera más de 20 mil hospitalizaciones anuales y un acumulado cercano a 260 mil en la última década, además de fallecimientos evitables que todavía se registran cada año.
En esa misma línea, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Fabiola Gallardo, subrayó la urgencia de ofrecer respuestas institucionales a una realidad que afecta a miles de mujeres en el país. “El objetivo de este proyecto es garantizar que las mujeres puedan acceder a esta prestación sin temor, sin estigmas ni criminalización. Son muchas las que hoy viven esta experiencia en la más absoluta soledad, inseguridad e incertidumbre. Reconocer esta realidad implica ofrecer respuestas desde el Estado, y no seguir invisibilizándola. El aborto existe y negarlo no lo evita, solo lo hace más peligroso”, indicó.