La medida cautelar se impuso a un imputado investigado por femicidio frustrado, abuso sexual y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. La decisión busca proteger a la víctima y garantizar la seguridad pública.
La Fiscalía de Atacama consiguió que la Corte de Apelaciones de Copiapó decretara prisión preventiva para un hombre acusado de graves delitos de violencia de género cometidos contra su expareja en la comuna de Diego de Almagro. La decisión fue adoptada tras la presentación de un recurso de apelación, luego de que inicialmente el Juzgado de Garantía de la comuna rechazara la medida.
El fiscal Fernando Pizarro Avalos expuso los hechos durante la audiencia inicial, detallando que el imputado trasladó a la víctima a un lugar apartado donde la agredió físicamente y atentó contra su vida. Además, se le investiga por los delitos de femicidio frustrado, abuso sexual y amenazas simples en un contexto de violencia intrafamiliar. «La víctima presentó la denuncia ante Carabineros, lo que permitió activar las diligencias correspondientes, encabezadas por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Copiapó», señaló el fiscal.
La Fiscalía solicitó inicialmente la prisión preventiva en el Juzgado de Garantía, pero la petición fue rechazada. Ante ello, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación que llevó el caso ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. El abogado Jorge Gamboa Ríos, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional, argumentó que la medida cautelar era indispensable para proteger a la víctima y a la sociedad.
Los Ministros de la Corte de Apelaciones acogieron los antecedentes presentados por la Fiscalía y decretaron la prisión preventiva del imputado, destacando la gravedad de los delitos y la necesidad de resguardar a la víctima. «La medida cautelar es la más adecuada para garantizar la seguridad de la afectada y prevenir nuevos hechos de violencia», concluyó el tribunal.
Este caso pone nuevamente en evidencia la gravedad de los delitos de violencia de género en contextos de relaciones familiares y la importancia de garantizar medidas judiciales que protejan a las víctimas. La Fiscalía continuará avanzando en la investigación para reunir las pruebas necesarias que sustenten una eventual acusación formal contra el imputado.