La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió hoy los recursos de protección interpuestos en contra del Servicio Local de Educación (SLEP) de Atacama por las deficiencias en infraestructura y salubridad que presentan establecimientos educacionales que dependen del organismo, por lo que le ordenó adoptar, en el plazo máximo de seis meses, todas las medidas conducentes a asegurar el acceso igualitario, digno y seguro de los educandos.
En fallos unánimes (causas roles 601-2023, 6021-2023, 641-2023 y 643-2023), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Aída Osses Herrera, Pablo Krumm de Almozara, Carlos Meneses Coloma y Marcela Araya Novoa– acogió las acciones cautelares, tras establecer el actuar ilegal, arbitrario y omisivo de la recurrida.
“Esta Corte considera que la misma se ha violentado ante la falta de condiciones mínimas infraestructura, habitabilidad, higiene y salubridad, para el desarrollo de clases lo cual lleva a considerar que hay una amenaza cierta a la integridad física de los estudiantes los que deben exponerse a permanecer bajo un techo roto –temporalmente reparado por un profesor–, a plagas, a gases, vidrios rotos, o a problemas del sistema eléctrico, entre otros; y la integridad psíquica, ya que las malas condiciones e imposibilidad de llevar a cabo las clases les generan una situación de preocupación que ha tenido consecuencias en su aprendizaje y desarrollo intelectual”, establecen los fallos.
“Se ha violentado la garantía de igualdad ante la Ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, y los preámbulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, lo que acontece por tener a los educandos del SLEP Atacama en condiciones desfavorecidas a los demás estudiantes del país, quienes gozan de las condiciones en infraestructura, salubridad y alimentación necesarias para su desarrollo y proceso educativo”, añaden.
Para el tribunal de alzada: “El hecho de que la paralización de profesores y profesoras haya terminado antes del fin de año 2023 y los niños y niñas hayan retomado las clases no subsana en modo alguno las graves deficiencias advertidas las que emanan pretéritos años y han sido permanentes e incrementadas con el transcurso del tiempo al no haber tomado oportunamente las acciones preventivas y reparadoras que cada establecimiento requería, lo que no se hizo por una evidente desidia”.