De esa forma, el viernes se reunieron con autoridades locales, representantes de asociaciones mineras y parlamentarios regionales, quienes se comprometieron a solicitar una audiencia con el Presidente Gabriel Boric con el fin de pedirle que no se cierre la fundición, así como apoyarlos en manifestaciones pacíficas para visibilizar las consecuencias que traería consigo dicha decisión. 

En ese contexto, este lunes los sindicatos sostuvieron una serie de asambleas y reuniones y anunciaron que para este viernes 19 de enero se había organizado una manifestación, donde participarían una serie de actores en apoyo de los sindicatos, así como trabajadores y personas que se verían afectadas directa e indirectamente con el cierre de la fundición. 

“Declaramos que rechazamos categóricamente esta extrema y nefasta medida, puesto que un número de más de mil familias directas perderán su empleo por responsabilidad de malas administraciones y ausencia del Estado para realizar las inversiones que requieren sus principales equipos para operar con normalidad, lo que ha llevado a la ENAMI a contraer deudas que hoy no permiten operar y de lo cual, por cierto, los trabajadores no tienen responsabilidad alguna”, indicaron los gremios a través de una declaración pública. 

Al respecto, el presidente del sindicato N°1, Eduardo De La Barrera, comentó que ayer en la mañana tuvieron una reunión informativa a los delegados de las diferentes secciones y posteriormente en la tarde, tuvieron una asamblea en la que definieron que el viernes a las 12:30 horas se manifestarían desde la fundición hasta la plaza de Copiapó. 

“La catástrofe económica va a ser terrible para Atacama y todos coincidimos que el daño para la región es irreparable, acá no solamente somos los mil trabajadores que laboramos de forma directa. Aquí hay una cadena y eslabón gigante que incluye las pymes, camioneros, el comercio, porque en Paipote, la particularidad de sus trabajadores es que todos viven en la ciudad y la región, a diferencia de otras empresas donde se van, acá los recursos de los trabajadores se quedan en la región”, aclaró De La Barrera. 

Ahora bien, para el dirigente y el resto de los trabajadores, la modernización es necesaria. “Hemos entregado argumentos sólidos que son dos proyectos diferentes, la nueva fundición está en etapa de evaluación de permisos ambientales y la ley nos permite trabajar hasta ocho meses de forma paralela cuando se esté construyendo la fundición, pero hoy día nos quieren cerrar así como así y tampoco tenemos la certeza que la nueva fundición se va a construir. Le hemos preguntado al vicepresidente cuál es la gestión que han realizado para poder evitar este cierre que mal lo llaman temporal, pero este es un cierre definitivo”, añadió el dirigente.