En medio de la polémica en torno a las pensiones de gracia otorgadas a personas que tienen antecedentes o bien casos judiciales en curso, el medio “El Libero”, puso en la palestra al excandidato a alcalde por Copiapó, Óscar Araya.

Este caso se remonta al Estallido Social. De acuerdo al citado medio, Araya “recibió dos impactos de perdigones de Carabineros en la parte posterior de un muslo el 12 de noviembre de 2019 frente a la catedral de Copiapó, razón por la que la Comisión Especial Asesora del Presidente le otorgó una pensión de gracia el 14 de junio de 2022. Luego, el 27 de octubre, le aumentaron la pensión de gracia a 1,5 ingresos mínimos no remuneracionales de por vida, es decir, $445.000 cada mes”.

No obstante, después de dos intentos por acceder a cargos de elección popular fallidos (cuando postuló a la alcaldía sacó un 20,13% de los votos pero no salió electo, así como tampoco resultó electo en la votación de consejeros regionales con un 2% de los votos) Óscar Araya tuvo problemas con la justicia, cuando fue formalizado con otras dos personas y estuvieron en prisión preventiva.

En agosto la defensa del excandidato a alcalde solicitó su sobreseimiento, pero se le negó. Araya apeló diciendo que su consumo era estrictamente médico -incluso tenía un certificado médico vencido de la Fundación Daya en el momento de la detención- y aseguró que quien realmente vendió drogas al agente fue su compañero de casa.

Descargos

Mediante una declaración pública, Óscar Araya se defendió y dijo que “Recibo pensión de gracia de $200.000, no de $445.000 como lo expone el medio. Esta pensión corresponde a una compensación del Estado de Chile por un disparó por la espalda que recibí de un Carabinero cuando iba caminando solo, afuera de la catedral de Copiapó. Por ello, aún tengo un balín incrustado en mi muslo, por lo que sigo una querella judicial contra la institución, a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

Sobre su causa, comentó que “dado que el proceso judicial en que me encuentro, aún está en curso, solo puedo decir que seguiremos defendiendo nuestra inocencia (de Ivania, Maximiliano y mía), por lo que no corresponde que digan que estamos formalizados, además de aclarar que la denuncia fue hecha por una llamada anónima y NO por nuestros vecinos. Nuestros vecinos han entregado una carta de apoyo con más de 20 firmas dónde nos respaldan y con quienes estamos tan agradecidos”.