Exseremi de Educación y exdirectora de liceo de Copiapó condenada por malversación de caudales públicos

Sustrajo veintidós cajas en cuyo interior contenían alimentos proporcionados al establecimiento por la Junaeb y las trasladó a local comercial donde era socia.

Fue una denuncia efectuada por un particular a la Junaeb (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) generó un juicio oral en el que fue condenada una exdirectora de un liceo de Copiapó, quien también fue ex seremi de Educación.

De acuerdo con los antecedentes de esta causa, los que fueron argumentados en la audiencia de Juicio Oral, los hechos investigados ocurrieron con fecha anterior al mes de noviembre del año 2021, ocasión en que la acusada, en su calidad de funcionaria pública y directora del Liceo Fernando Ariztía de esta comuna, sustrajo veintidós cajas en cuyo interior contenían alimentos proporcionados al establecimiento por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y que te tenían como destinatarios alumnos de este recinto educativo.

“La investigación de la Fiscalía pudo acreditar que dichas especies fueron retiradas y trasladadas hasta un local comercial ubicado en el centro de la ciudad, del cual la condenada era socia y donde fueron encontradas”, dijo el fiscal Luis Miranda. Estos hechos fueron investigados, pudiéndose determinar que con la ilegal acción afectó a las arcas fiscales, presentando en el juicio los medios de prueba que llevaron a los jueces a condenar a la investigada.

Ayer se desarrolló la audiencia de lectura de sentencia, instancia judicial en que se conoció que la condenada fue sancionada a la pena de 300 días de presidio, además de una multa de 4 Unidades Tributarias Mensuales y suspensión para ejercer oficios y cargos públicos durante el tiempo de la condena. Junto con ello, 3 años y un día de inhabilitación absoluta o temporal para cargos o empleos en servicios públicos. En relación con la pena privativa de libertad, se determinó la remisión condicional quedando sujeta al control administrativo de Gendarmería por el periodo de un año.

En la audiencia, y por solicitud de la defensa de la involucrada en este delito, el tribunal acogió la solicitud de no hacer público el nombre de la condenada hasta que la sentencia quede ejecutoriada.