La Contraloría General de la República envió un oficio a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para dar cuenta de la detección del otorgamiento de asignaciones irregulares a la directora de Salud de la Municipalidad de Santiago y ordenó la devolución de los montos.
Se trata de la misma profesional que fue apuntada por la Fiscalía -que investiga la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella-, como conocedora de las condiciones de la transacción, sin haber objetado la intención de compra por los más de $8 mil millones. Pese a la polémica, la directora sigue en su cargo.
La indagatoria se inició luego que el presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud N°2 de la Municipalidad de Santiago, Luis Rodríguez, denunciara que la actual directora de salud había recibido la «asignación de competencias profesionales (…) bajo una figura jurídica que no corresponde, siendo entregada vía asignación transitoria municipal».
El oficio -con fecha 30 de junio- al que accedió Emol, detalla que se solicitó un informe al Municipio para que detallase las condiciones y argumentos por los que se determinó otorgar las asignaciones a la profesional en cuestión. En éste, la administración de Hassler señala que la asignación fue otorgada -previa aprobación del consejo municipal-, en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la ley N° 19.378 y no del artículo 8° de la Ley N°20.816.
Este último artículo detalla que las asignaciones corresponden «únicamente a los médicos que laboran en los servicios de atención primaria», y no a quienes se desempeñan en el departamento de Salud, como ocurre con la funcionaria.
El argumento del Municipio para conceder la asignación apunta a que se trataría de la «Asignación Red de Salud de Santiago-Especialidades», dentro de la cual se incluiría la especialidad de Medicina Familiar, ligada a la atención primaria de salud en los centros de la Red Comunal de Santiago, de la cual formaría parte la Dirección de Salud, por lo que, a su parecer, «sí procedería que tal asignación le sea otorgada a la directora de esa unidad, haciendo presente que aquella le habría sido reconocida tanto a la actual directora, como a su predecesora durante la anterior administración comuna».
Análisis y determinación de Contraloría
Luego del análisis, la Contraloría advirtió que el acuerdo del 12 de enero de 2022 del Consejo Municipal de Santiago, consigna que «se acuerda aprobar asignaciones de responsabilidad y de especialidades médicas, según artículo 45, de la ley Nº 19.378, las que regirán hasta el 31 de diciembre del año 2022, conforme se indica en anexo adjunto que rola de páginas 3 a 7, las que forman parte integrante de dicho documento».
Dicho anexo -sostiene el oficio de Contraloría-, establece en su página 6 una «cuarta asignación transitoria en la que se alude expresamente al Título VI de la ley N° 20.816, correspondiente a la ‘asignación por competencias profesionales para médicos cirujanos regidos por la ley N° 19.378′», donde se transcriben además los incisos primero y segundo de dicho cuerpo legal.
En esa línea, la Contraloría recalca que el artículo 45 de la ley N° 19.378 «previne que las asignaciones especiales de carácter transitorio se podrán otorgar en los términos allí previstos, según las necesidades del servicio»; sin embargo, en el acuerdo del consejo, «no se explicitan las necesidades del servicio que justificarían el otorgamiento de la Cuarta Asignación Especial Transitoria (AET)».
El ente contralor también sostiene que «el referido emolumento del artículo 8° de la ley N° 20.186 únicamente puede otorgarse a los médicos con desempeño en un establecimiento municipal de atención primaria de salud, por lo que no correspondería que se soslaye tal exigencia legal bajo el solo argumento de recurrir al mecanismo previsto en el artículo 45 de la ley N° 19.378, confiriéndose aquel estipendio a personas que ejercen sus funciones en la respectiva dirección del departamento de salud municipal, y no en uno de los señalados establecimientos».
Con todo, la Contraloría resolvió que el otorgamiento de la asignación «no se encuentra ajustado a derecho», y ordena que el Municipio regularice esta situación, «y en caso de ser procedente, adoptar las medidas necesarias para obtener, previa audiencia de los interesados, el reintegro de los montos percibidos indebidamente».
Además, se fijó un plazo de 15 días hábiles para que el Municipio informe de las medidas que se tomarán al respecto. También sostiene el oficio que, en caso de que la asignación hubiera sido otorgada para todo el 2023, también deberá regularizar la situación.
Asimismo, detalla que el Municipio «deberá ponderar el inicio de un procedimiento disciplinario tendiente a establecer las eventuales responsabilidades administrativas que hayan podido originarse con motivo de la situación acá observada» e informar a Contraloría de las decisiones que se tomen al respecto, también en un plazo de 15 días.