Hasta diciembre del año pasado, los vecinos del campamento recibían agua potable gratuita proporcionada por la Municipalidad y distribuida por Techo para Chile. Pero una vez que comenzó a operar la fundación, debieron cancelar $12 mil en efectivo mensualmente.
Una fundación que recibe millonarios fondos del Ministerio de Vivienda (Minvu) está en el foco de la controversia, tras revelarse que su giro era la realización de películas y la atención veterinaria, a lo que se suma que cobraba a habitantes de campamentos por el reparto de agua potable en Copiapó.
Tras destaparse el escándalo por Democracia Viva, una serie de fundaciones han sido puestas bajo el escrutinio público, en una polémica que ha ido complicando al Gobierno con el paso de los días, en especial, al ministro Carlos Montes y a Revolución Democrática.
Esta vez se trata de la Fundación Comprometidos, que recibió $128 millones para entregar agua potable en camiones aljibes a cuatro campamentos de Copiapó, monto que en mayo se elevó a $190 millones.
Esto, a través de un plan “piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de la comuna de Copiapó”.
Para ello, se comprometían a la “prestación de servicios de suministro de agua potable mediante la contratación de dos camiones aljibes por un periodo de ocho meses, con la finalidad de dotar del sistema a los campamentos hasta agosto del 2023”.
Así también, “organizar a las directivas de los cuatro campamentos para reunir el prepago del aporte por el acceso al suministro de agua potable” por un valor fijo de $ 10 mil.
Vecinos del campamento deben pagar $12 mil a la fundación Comprometidos
Sin embargo, una nota de TVN reveló que hasta diciembre del año pasado, los vecinos del campamento recibían agua potable gratuita proporcionada por la Municipalidad y distribuida por Techo para Chile.
Y una vez que comenzó a operar la fundación, debieron cancelar $12 mil en efectivo, algo que es cuestionado por los mismos vecinos del campamento.
“Yo lo encontré más raro cuando supe que a la persona que venía a cobrar el agua le pagaba el Minvu, a los camiones le pagaba el Minvu, y yo dije ‘¿por qué no paga el agua el Minvu mejor y deja de pagarle a las personas esas de fundaciones?»”, reclamó una de las vecinas.
De acuerdo al convenio, Comprometidos debía realizar cuatro talleres para “fortalecer el trabajo en equipo y de economía doméstica”, así como gestionar y controlar la entrega del agua, de acuerdo a La Tercera.
La organización -sin fines de lucro- es dirigida por el excandidato a concejal y a diputado por el Partido Progresista (PRO), Sebastián Gonzalo Duarte Vergara, y además registra domicilio en Quinta Normal, en la región Metropolitana.
No obstante, al momento de la firma del convenio, en diciembre de 2022, Comprometidos tenía un giro para “actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias”, algo totalmente distinto al rubro del agua potable.
Pero, en marzo de 2023 actualizó su giro en el Servicio de Impuestos Internos (SII) a “asistencia social” y “fundaciones y corporaciones”, según reveló en primera instancia el medio El Zorro Nortino.
Además, la polémica fundación recibió otros aportes: uno por 33 millones por “consultas regionales de mascotas”, y otro por $83 millones por el “control poblacional canino y felino”.
Estos dineros fueron entregados por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, que es encabezado por del DC Jorge Díaz, agrega el matutino.
Seremi Rocío Díaz (RD) ordenó inicio de sumario
Consultada al respecto por TVN, la seremi de Vivienda y Urbanismo en Atacama y militante de Revolución Democrática, Rocío Díaz Gómez, descartó irregularidades en los convenios.
“No tenemos fundaciones regionales que trabaje en temas de urbanismo, temas de campamento, lamentablemente, no existen”, justificó.
“No tengo ningún conflicto de interés”, aseveró, criticando el intento de “buscarle la quinta pata al gato en este sentido de mezclarme con la misma situación”.
“Lo encuentro sumamente reprochable en el sentido de enlodar el trabajo que estamos haciendo muy seriamente dentro de la región y desde el Ministerio”, refutó.
Desde la emisora estatal se indicó que el director de la fundación, Sebastián Duarte, viajó a Copiapó para evaluar acciones legales contra quienes han cuestionado los convenios, defendiendo la labor que han desempeñado y que justificaría el cobro de 12 mil pesos mensuales.
Mientras, desde el Minvu confirmaron a La Tercera el inicio de un sumario administrativo para remitirlo a la Contraloría, reconociendo el cambio de giro que se hizo, para “efectos tributarios”.