El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, criticó ayer domingo la cancelada actividad organizada por la Fundación Futuro que mezclaba un tour de vinos y una visita al excentro de torturas de Villa Grimaldi, uno de los mayores de la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet (1973-1990).
La convocatoria generó repudio en organizaciones de derechos humanos y en particular del Parque por la Paz Villa Grimaldi, lo que llevó a que finalmente a la suspensión del evento por parte de la fundación que encabeza la familia del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022).
Esta actividad «es un buen ejemplo de la vulgarización, es un buen ejemplo de la trivialización que no podemos aceptar», afirmó Cordero, que hoy lidera el plan de búsqueda nacional de los detenidos desaparecidos de la dictadura.
El programa -encargado por el Presidente Gabriel Boric– será presentado en la víspera de la conmemoración los 50 años del Golpe de Estado, el próximo 11 de septiembre.
«La memoria es tan relevante para la calidad de la democracia y (…) no puede ser trivializada y no puede ser vulgarizada«, dijo el secretario de Estado en una rueda de prensa.
Cordero, que a inicios de abril reveló al diario español El País que dos tíos de su padre, Luis Ramón Silva Carreño y Manuel Silva Carreño, son detenidos desaparecidos, enfatizó que «una de las razones de la memoria tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la garantía de no repetición, y, para eso, la forma de abordar los hechos ocurridos durante la dictadura no pueden ser combinados con el gozo o el entretenimiento que puede ser un paseo de copas«.
«Una de las cuestiones esenciales de la democracia es tener respeto también por la memoria y que es la única manera de garantizar un futuro de convivencia», subrayó.
Villa Grimaldi fue ocupado como un centro de detención, de tortura y exterminio por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, entre 1974 y 1978.
Se estima que por el recinto pasaron alrededor de 4.500 prisioneros, de los cuales 241 fueron asesinados o desaparecidos.
Según los datos del Ministerio de Justicia, tras la dictadura en Chile hay aún 1.469 víctimas de desaparición forzada. De ellas, 1.092 son detenidas desaparecidas, mientras que otras 377, que fueron ejecutadas, están en la misma condición. Del total de personas, solo 307 han sido identificadas.