Antes de ser designado en la segunda administración de Sebastián Piñera el año 2018 como Intendente de la Región de Atacama, Francisco Sánchez se desempeñó como gerente general de la sociedad minera Atacama Kozan, la cual tiene operaciones en esa región. Solo unos mes después que asumió su cargo se destapó la trama que daba cuenta de una multimillonaria estafa que habría sufrido la empresa, y en la cual se le imputó a Sánchez ser el líder y principal beneficiario, a partir de aprovecharse de su cargo como gerente a través de una serie de maniobras fraudulentas.
Para cometer los supuestos delitos que se le imputan, Sánchez habría gestionado con distintos proveedores de la minera la contratación de servicios que no se requerían, o por montos muy superiores a los de mercado, los cuales habría pactado a cambio de obtener beneficios para él o sus cercanos. Además, aprovechándose de su calidad de gerente, habría ocultado esos manejos a partir de la manipulación de los registros contables y financieros de la empresa.
A partir de los múltiples testimonios y antecedentes que se reunieron en la investigación, la fiscalía decidió formalizar a Sánchez en noviembre del año 2020, además de solicitar en varias oportunidades aumentos de plazo para procesar la abundante evidencia que se acumuló en contra del imputado.
En ese contexto, la fiscalía de Copiapó decidió pedir una nueva formalización el día 20 de septiembre de este año, precisando aún más los hechos por los cuales estaba siendo imputado Sánchez. Este hecho, sumado a que el último plazo de la investigación estaba llegando a su fin y los múltiples testimonios, informes, correos electrónicos y antecedentes que avalaban la imputación contra el ex intendente, era considerado como una señal clara que la fiscalía llevaría a juicio a Sánchez. Sin embargo, de forma abrupta y sorpresiva, se comunicó la decisión de la fiscalía de Copiapó de desechar la causa.
La abogada querellante Valentina Horvath sostiene que “se trata de una decisión impresentable, si se considera que se trata de una investigación que duró varios años, y donde se reunieron múltiples antecedentes e informes periciales que avalan los hechos que se imputan. Parece que se está haciendo cada vez más frecuente que personas con vínculos en el mundo político imputados por delitos graves de corrupción en el ámbito púbico o privado logren impunidad, sin que ni siquiera deban enfrentar un juicio ante un tribunal.”
Por otra parte, el abogado Carlos Hidalgo, también querellante en la causa, señaló que “durante el tiempo que me desempeñé como fiscal del Ministerio Público y en todos los años de ejercicio como abogado penalista, nunca me había tocado ver una causa donde la fiscalía tuviera tantos antecedentes tan contundentes para demostrar una imputación, y al final decidiera sencillamente desistir de llevar a juicio un caso de esta envergadura. Quizás esto es solo comparable con la impunidad que hemos vistos en los casos Penta y SQM, donde también fui querellante, pero a lo menos en esas causas las personas eran condenadas a penas bajas en libertad o al pago de alguna multa menor. Acá sencillamente se pretende que Sánchez no enfrente a la justicia, sin más”
Sobre este punto, la abogada Horvath aclara que “Atacama Kozan es una empresa controlada por la japonesa Nittetsu Mining Co. cuyos representantes nos han señalado su asombro e indignación por el grosero nivel de impunidad que existe en Chile frente a hechos que, en cualquier país donde existe un Estado de Derecho en forma, serian materia de juicio. Además nos han dado la instrucción de hacer todo lo posible para continuar con el proceso, a lo menos para que exista un pronunciamiento de fondo por parte de los tribunales de justicia sobre las gravísimas imputaciones formuladas en contra de Sánchez.”