Acogen a trámite la querella contra la ministra de Transportes, Gloria Hutt, por el colapso de la locomoción pública registrada el pasado domingo, durante las elecciones.
El Séptimo Juzgado de Garantía acogió a trámite y remitió a Fiscalía la querella interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón en contra de la ministra de Transportes, Gloria Hutt.
La acción legal apunta a la secretaria de Estado y contra todos los demás que resulten responsables del delito de denegación o retardo de servicio, contemplado en el artículo 256 del Código Penal.
Lo anterior, debido al colapso del transporte público durante el pasado domingo, durante la segunda vuelta de la elección presidencial.
Recordemos que durante la jornada electoral, en varias comunas del país se registró ausencia de buses, lo que fue duramente criticado por votantes y por la oposición, que acusó intervencionismo.
Si bien la ministra de Transportes, Gloria Hutt, desestimó las acusaciones asegurando que incluso se aumentó el número de buses, de todas maneras realizó un “mea culpa”.
“Pudimos haber sido lentos en reaccionar, pero de ninguna manera realizamos maniobras para que la gente no fuera a votar, eso lo defiendo profundamente”, señaló en conversación con CNN Chile.
Incluso, el director de Transporte Público Metropolitano, Fernando Saka, aseguró que se había solicitado a las empresas a cargo del funcionamiento del transporte un aumento en la capacidad, según quedó de manifiesto en correos y documentos .
Rendón: “La responsabilidad del Gobierno es innegable”
Sin embargo, para el abogado Rendón, lo sucedido fue grave y causó un daño a la participación electoral.
“Pese a que esta tuvo un aumento en relación a primera vuelta, debió ser mucho mayor si la ciudadanía hubiese contado con una provisión de transporte adecuada”, aseguró.
“La responsabilidad del Gobierno es innegable y no puede descartarse incluso una operación, atendido que la mayor participación en las zonas urbanas favorecía previsiblemente al candidato opositor”, especuló Rendón.
En ese sentido, sostuvo que la investigación de Fiscalía deberá ahondar justamente en ese punto.
“Lo concreto es que las autoridades gubernamentales no solamente no cumplieron con su deber de provisión y de fiscalización oportuna en una fecha tan relevante, sino que incluso, como fue el caso del Subsecretario Galli, trataron de descalificar las denuncias acerca de lo que ocurría, calificándolas de “fake news” y acusaron de “acarreo” a quienes trataban de cooperar”, concluyó.