“La Clausura de Pascua Lama nos señala que la protección de todos los glaciares y sus ambientes no puede seguir esperando”
En el marco de la tramitación del proyecto de ley sobre protección de glaciares (Boletín 11876-12) en la Comisión de Minería y Energía del Senado, el pasado 05 de agosto el senador Girardi (PPD) solicitó al presidente de la comisión, senador Prohens (RN) retomar la votación del proyecto de glaciares que desde enero se mantiene sin tramitar. Además, el senador propuso “construir un acuerdo” entre los asesores de los senadores de la comisión y el gobierno, del cual brotó una mesa[1].
Ante esto, declaramos lo siguiente:
1, Tememos que esta mesa se transforme en una eventual COCINA. Denunciamos la imposición y funcionamiento de facto de una “mesa” de trabajo que tiene como objetivo lograr un acercamiento en las posiciones y negociar con el gobierno una salida a los conceptos centrales en el proyecto que es finalmente una de las bases de la pugna ya histórica que se remite a qué se protege y cuánto.
Consideramos que cualquier acercamiento con la postura del gobierno implica un retroceso en la protección propuesta por el proyecto de ley original, ya que la indicación sustitutiva de Piñera dispone que la protección no sea para todos los glaciares y tampoco para sus ambientes, por tanto, que no se proteja el ambiente periglacial ni el permafrost, todos elementos fundamentales para la entrega constante de flujo de agua a más del 70% del territorio del país. Incluso más, la indicación de Piñera establece la legalización de la intervención de todos estos elementos vía Estudios de Impacto Ambiental. Lo anterior se constituye como una gran amenaza para los territorios y por ende una vulneración a los derechos humanos de las comunidades, a los derechos indígenas y daño a la naturaleza y sus ecosistemas.
2. Rechazamos la poca transparencia con la que surge esta “mesa” ya que carece de toda legitimidad y alertamos a la ciudadanía y comunidades hermanas sobre los “acuerdos” que se puedan estar llevando a cabo, puesto que no es una instancia pública que posibilite el debido control ciudadano. A los autores del proyecto les decimos que flexibilizar en cualquier punto significa la sentencia de muerte de los territorios que dependen de los glaciares y que NO PERMITIREMOS UNA MALA LEY. A las comunidades afectadas por el extractivismo no nos sirven los proyectos “en la medida de lo posible”.
Recalcamos además que este tipo de malas prácticas que vulneran nuestros derechos, son la cuna del descontento materializado en el estallido social de octubre pasado.
Nos parece fuera de todo espíritu democrático levantar esta mesa en medio de la pandemia, pues este es el sexto intento de proyecto de ley para proteger los vientres del agua como son los glaciares, y creemos que dada la gravedad de la crisis hídrica del país y climática global, cualquier decisión que responda a los intereses de las empresas profundizará la debacle ecológica en el país. En ese sentido, nos sumamos a las denuncias sobre el aprovechamiento por parte del gobierno del contexto de calamidad para avanzar con su agenda extractivista[2].
3. Exigimos, el CESE DE ESTA MESA y el RECHAZO A TODAS LAS INDICACIONES DEL GOBIERNO EN FORMA TRANSVERSAL, pues atentan contra los glaciares, que hoy es uno de los principales suministro y reservas de agua dulce del país.
4. Tras el reciente fallo del Tribunal Ambiental que decreta la CLAUSURA DEFINITIVA de Pascua Lama, exigimos con más fuerza y urgencia que nunca LA PROTECCIÓN DE TODOS LOS GLACIARES Y SUS AMBIENTES, no hacerlo es continuar con la vulneración directa del Derecho Humano al Agua y por tanto de una serie de otros derechos conexos a éste como el derecho a la vida, la salud, al trabajo, etc. y por sobre todo perpetuar el daño a los ecosistemas, IMPULSANDO Y PERMITIENDOSE QUE HAYAN MÁS PASCUA LAMAS. Sin ir más lejos, la misma empresa Barrick Gold, en el Valle del Elqui con el proyecto Alturas emplazado en zonas de glaciares.
Pascua Lama es el mejor ejemplo de que la institucionalidad ambiental es permisiva con las empresas, y no cumple con su mandato de consagrar el derecho a vivir en un medio ambiente sano transgrediendo su función preventiva y precautoria. Luego de dos décadas y cuando se hicieron realidad los daños irreparables, recién tomaron la decisión de clausurar un proyecto que desde el comienzo generó oposición activa con sendos argumentos. Luego de veinte años de lucha, sorteando diferentes gobiernos, tras grandes padecimientos incluso de riesgo a la salud por metales pesados, la comunidad obtiene justicia, tras empujar y presionar a la débil institucionalidad ambiental.
Sin embargo, para la naturaleza y por tanto también a las comunidades la justicia llegó tarde, pues los glaciares perdieron volumen, hay basurales en ellos y el polvo de las faenas de la construcción de la minera ya se depositó sobre los mismos. Por más multa que paguen, el daño es irreversible y no hay responsabilidades políticas de quienes aprobaron y apoyaron esta iniciativa binacional.
A nivel sudamericano, somos el país con mayor superficie glaciar, por lo que NO PODEMOS PERMITIR QUE NUEVAMENTE LA PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES SE VEA TRUNCADA POR LOS INTERESES DE LA MINERÍA.