Correos electrónicos se convertirían en fiel testimonio del entramado de poder que se tejió para la aprobación unánime del proyecto Continuidad Operacional de faena Atacama Kozan el 29 de octubre de 2018, proceso que investiga la Fiscalía de Atacama. Por ello el Concejo de Defensa del Estado, se querelló en contra de dos funcionarios de la Dirección General de Aguas por prevaricación administrativa, esto debido a un cambio de opinión respecto al proyecto.
Francisco Sánchez, había sido gerente de la minera, y en diciembre de 2017, había presentado al Sistema de Evaluación Ambiental, un proyecto para aumentar la capacidad de disposición de relaves mineros. Posteriormente, renunció para asumir como Intendente de Atacama.
La iniciativa se aprobó, mediante una declaración de impacto ambiental y no un Estudio de Impacto Ambiental, esto a pesar que cuando fue presentado hubo oficios de la Dirección General de Aguas, que indicaban que, debido a la envergadura del proyecto, debía hacerse un Estudio de Impacto Ambiental, sin embargo, luego hubo un cambio de opinión.
Según una querella del Consejo de Defensa del Estado, en enero de 2018, el director (s) de la DGA de Atacama Rodrigo Sáez, en uno de sus oficios respectos al proyecto indicaba que el “proyecto en evaluación generaría efectos adversos significativos sobre la cantidad de recursos renovables, en particular, el recurso agua, su vía de ingreso debió ser un Estudio de Impacto Ambiental”.
Un mes después de la llegada de Sánchez a la Intendencia, el funcionario de la DGA que elaboró el informe, fue desvinculado de la institución. La querellada, quien en ese entonces era la directora regional de la DGA, “despidió al funcionario suscriptor de los oficios DGA que se oponía a la DIA de la empresa minera, y con fecha 28 de agosto 2018, por instrucciones dadas por su jefatura central, mediante correo electrónico del L.U, cambió el tenor de los oficios remitidos previamente por la DGA al SEA, suscribiendo un nuevo oficio del 28 de agosto de 2018, el que daba luz verde al permiso sectorial de la DGA para la DEA del proyecto de Atacama Kozan”.
La Contraloría General de la República en diciembre de ese año, dispuso la reincorporación del trabajador a sus funciones, dada a que no se ajustó a la legalidad su término anticipado de contrata.
Según el documento, luego de requerimiento del Jefe de la Oficina de Proyectos del Ministerio de Economía efectuado a la DGA a nivel central, se comenzó a trabajar en una respuesta sectorial. Es así, como el director general de Aguas solicitó preparar a una funcionaria una respuesta técnica, que fue remitida a uno de los querellados, el jefe del departamento jurídico de la DGA.
El 28 de agosto, la funcionaria incorporó observaciones al proyecto referidas al modelo hidrogeológico, sin embargo, se mantenía la opinión original a que el proyecto debía ser presentado por un Estudio de Impacto Ambiental.
Sin embargo, ese mismo día el querellado a las 17,11 hrs. envió un correo a la directora regional de la DGA, querellada en esta causa, en donde remite “el proyecto oficio con sus observaciones y donde señala que el servicio expresa su conformidad con la DIA, incorporando de esa manera la autorización sectorial de la DGA, al proyecto minero, modificando la opinión técnica de someter el proyecto a un Estudio de Impacto Ambiental”.
Es así como nace el oficio de la DGA 48/2018 que finalmente es el que contribuye a la aprobación de la iniciativa
El 28 de agosto, el mismo día en que se suscribió el oficio, hubo un correo electrónico reenviado por el gerente de Atacama Kozan, socio en diversos asuntos privados de Francisco Sánchez, a un ex–funcionario de Atacama Kozan y quien estaba a cargo de la agenda del ex intendente, el que decía: “es importante que el intendente el día de la votación pueda pedir un día de permiso y deje a un subrogante que presida la comisión y tenga sus dos votos”, se indicó en la querella.
Finalmente, el 29 de octubre se efectuó la votación y quien reemplazó al intendente fue el entonces gobernador Manuel Corrales, Una iniciativa que se aprobó por unanimidad y que se espera que la Fiscalía continúe con la indagatoria que tiene en la mira a las redes y vínculos de poder en el gobierno, para lograr la aprobación de esta iniciativa.