Cámara Chilena de la construcción presenta plan de reactivación económica que considera la creación de 600.000 empleos.

La propuesta del gremio apunta a la creación de empleos en el corto y mediano plazo, la satisfacción de demandas sociales relacionadas con acceso a vivienda, equipamiento urbano e infraestructura básica y acelerar la solución a otros desafíos urgentes, como la crisis hídrica.

En la región de Atacama, esta propuesta considera la creación de aproximadamente 30 mil empleos, lo que sería un aporte considerando los índices de cesantía en la zona, y además abordaría problemáticas sociales claves para la comunidad como el déficit habitacional y la necesidad de mejor infraestructura.

La creación de 600.000 puestos de trabajo directos e indirectos en un período de tres años (240.000 en 2020 y 360.000 en 2021 y 2022) es el objetivo central del “Plan de Empleo y Reactivación” presentado esta mañana por el presidente la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso, y que constituye un aporte del gremio ante el urgente desafío de crear fuentes laborales y reimpulsar la economía en tanto las condiciones sanitarias así lo permitan.

La propuesta plantea asimismo otros dos objetivos prioritarios: satisfacer demandas sociales asociadas a vivienda, equipamiento urbano e infraestructura básica y abordar problemáticas urgentes, como es la crisis hídrica que afecta al país. Todo esto a través de un impulso a la inversión y un estrecho trabajo colaborativo entre el sector público y el privado.

“El país está viviendo una severa crisis económica y una acelerada pérdida de puestos de trabajo, frente a lo cual nuestra industria puede jugar un rol de contención y reactivación muy importante. De hecho, en esta propuesta identificamos medidas y proyectos concretos –de rápida ejecución, tanto del área de vivienda como de infraestructura– que sin duda ayudarán a materializar el Plan de Emergencia acordado la madrugada de este domingo por el mundo político. Eso es lo que hoy se necesita y es lo que precisamente queremos aportar con este Plan”, afirmó el dirigente.

Donoso explicó además que, si bien este pone énfasis en el corto plazo, se decidió considerar un horizonte de tres años dada la experiencia de las crisis pasadas. “Por ejemplo, tras la crisis del ‘81 se necesitaron cuatro años para volver a alcanzar los niveles de empleo que había antes de esta y tres años en el caso de la crisis de 1999. Es decir, se va a necesitar, más que un impulso inicial, un esfuerzo sostenido para dejar atrás la actual crisis que estamos viviendo”.

En este contexto, la propuesta del gremio contempla para el trienio una inversión total de US$ 22.600 millones, considerando US$ 10.290 millones de inversión pública y US$ 12.310 millones de inversión privada.

Región de Atacama

En lo que respecta a la región de Atacama, la propuesta considera una inversión de US$3 mil 500 millones y la creación de más de 30 mil empleos, que fundamentalmente considera la reactivación de proyectos mineros -Rajo Inca y Santo Domingo-, hídricos -donde destacan las obras de mitigación-, vialidad y conectividad en distintas comunas de Atacama, aumentar la capacidad hospitalaria, iniciativas para el mejoramiento de espacios públicos y la construcción y mejoramiento de una importante cantidad de unidades habitacionales -más de 1.000 anuales- que permitan seguir disminuyendo el déficit de viviendas en la región.

“A pesar del complejo momento que estamos viviendo y que afecta a muchas familias, tenemos confianza en que como región, cuando logremos superar esta situación y si las condiciones lo permiten, podemos empujar una reactivación económica y de empleos importante, a través de obras que vayan en directo beneficio de las personas, para disminuir los déficits habitacionales y potenciar la infraestructura social, por lo mismo como Cámara regional queremos seguir siendo un aporte en Atacama, trabajando colaborativamente con la generación de propuestas que vayan en esta línea”, explicó Carlos Aguirre, presidente de la CChC Copiapó.

El dirigente gremial también indicó que para lo anterior “es fundamental dar mayor valor a las empresas, proveedores y trabajadores locales, para que estas obras tengan real impacto social en la zona, creando un ecosistema regional productivo, del mismo modo que se debe trabajar para que se cumpla la ejecución de los presupuestos públicos asignados a la zona, que las ayudas que está empujando el Gobierno debido al covid-19 realmente apoyen a familias, pymes y emprendedores y seguir extremando las acciones de prevención en los espacios laborales”.

Cabe destacar, que la construcción representa el 10% del PIB regional -siendo la tercera actividad económica más importante después de minería y servicios financieros y empresariales- y que su participación en el empleo es del 8%, lo que se traduce en más 8 mil fuentes laborales. Sin embargo, dadas las problemáticas económicas en la zona, que se han acentuado por la situación actual, se han perdido alrededor de 500 puestos de trabajo, elevando la cesantía en el sector al 16%.