La acción legal, interpuesta en contra de quienes resulten responsables, explica que el expresidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro, realizó gestiones para que una empresa ligada a su hijo ganara un millonario contrato. Esto derivó en que el dueño de esta firma le vendiera a este último un terreno cuyo avalúo fiscal superaba los 680 millones de pesos, pero en 75, es decir casi 80 por ciento menos de su valor.
La Corporación del Cobre (Codelco) presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el delito de “tráfico de influencias”. En ella acusa que el expresidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro, realizó gestiones para que una empresa ligada a su hijo del mismo nombre, ganara un importante contrato con la División Salvador. Ello derivó en que este último comprara una propiedad al dueño de la firma en 75 millones de pesos, en circunstancias en que el avalúo fiscal superaba los 680.
De acuerdo a la acción legal interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago todo comenzó en 2009. Ese año Nelson Pizarro Contreras -hijo del exdirectivo- creó la Sociedad de Servicios, Asesorías e Inversiones JPM Limitada, junto a José Julián González.
En 2014 Pizarro hijo junto a su esposa Caterina Vernengo, contrató a la Constructora Mun2, perteneciente a Julián González, para desarrollar un proyecto inmobiliario en la zona Piedra Roja, comuna de Colina. El valor ascendió a 720 millones de pesos, monto al que Pizarro padre aportó de manera “sustancial”, señala el libelo.
Las cuentas siguen así: Pizarro padre contrató un crédito en favor de Vermengo por más de 307 millones de pesos y el resto fue completado por a través de la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Santa Isabel Limitada, que esta última mantenía con su marido.
Hasta allí nada tendría de particular, salvo que en agosto de 2015, el gerente general de la División Salvador de la cuprífera, Juan Carlos Avendaño, contrató de forma directa a la empresa Indak dedicada al transporte de minerales- de propiedad de Julián González.
La adjudicación tendría sentido, ya que por esos días la Región de Atacama sufría los embates del aluvión que dejó en marzo del mismo año 26 muertos y cuantiosos daños.
Sin embargo, la elección de Indak fue por recomendación de Pizarro padre, quien por entonces ocupaba el cargo más alto dentro de la cuprífera.
“Si bien el trato directo se habría justificado en esa época por tratarse de una contratación de emergencia, la adjudicación habría obedecido a una solicitud efectuada por el señor Nelson Pizarro al gerente general de la División para que procediera de esa forma contratando a Indak”, detalla la presentación.
De allí en adelante los hechos comienzan a concatenarse, dando origen al delito que imputa la estatal.
Una por otra
Por entonces, el terreno donde se realizaría el proyecto inmobiliario de “los pizarro”, estaba en manos precisamente de José Miguel Julián, a través de la sociedad Sociedad San José. Es así que el 1 de septiembre de 2015 -es decir un mes más tarde de la adjudicación del contrato a Indak- Julián vendió a Nelson Pizarro hijo y su esposa, la propiedad en cuestión por poco más de 75 millones de pesos.
“Un detalle relevante para considerar es que la propiedad tenía el año 2015 un avalúo fiscal fiscal de $ 684 millones 413 mil 166 pesos”, sigue el documento. En otras palabras casi un 80 por ciento menos de su valor.
Según Rafael Collado, el abogado querellante de la cuprífera, “Nelson Pizarro padre había privilegiado el interés de un tercero con él relacionado -su hijo- por sobre el interés de Codelco, ya que habría utilizado la influencia que tenía sobre los trabajadores de la División El Salvador y particularmente sobre su gerente- para que se materializara la contratación de Indak”.
No todo terminó allí, revela la acción legal, ya que Indak fue recontratada en 2018 para las mismas labores de transporte de minerales, beneficiando nuevamente a José Miguel Julián.
Actualmente, la indagatoria se encuentra en manos de la fiscal oriente Constanza Encina, quien ha realizado una serie de diligencias para determinar la participación de los imputados en los hechos.