La presidenta de la comisión de Educación, Yasna Provoste, junto con los senadores Latorre y Guillier presentaron un proyecto de acuerdo que pide al Presidente Piñera analizar e ingresar un proyecto de ley que introduzca modificaciones a la Ley N° 21091 sobre educación Superior, que contemple la extensión de la obligación de las instituciones a otorgar estudios gratuitos más allá de la duración nominal del plan de estudios de la carrera o programa por un máximo de tres, dos o un semestre académico, tratándose de carreras conducentes al grado de licenciado, a título profesional o título de técnico de nivel superior, respectivamente, si el estudiante así lo solicita; y que el beneficio estatal cubra dicho plazo adicional.
Al respecto, la senadora comentó que “durante la tramitación de la ley de Educación Superior que estableció la gratuidad, algunos parlamentarios presentamos indicaciones que precisamente apuntaban a evitar lo que está sucediendo. Que estudiantes que se mantienen en el sistema cumpliendo todos los requisitos, perdieran este beneficio y que al mismo tiempo las Instituciones de Educación Superior tuvieran que asumir con recursos propios parte importante del valor anual de las carreras de estos estudiantes”.
“Lamentablemente, estas indicaciones fueron rechazadas durante el proceso legislativo. El año 2018 en que ya existía confirmación de la perdida de este beneficio en varias decenas de miles estudiantes, presentamos como oposición una indicación en la ley de presupuestos, autorizando a las universidades del Consejo de Rectores para utilizar parte de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario en becas y otros instrumentos que les permitiera cubrir al menos parte de los problemas que esto significara. La indicación fue aprobada y la derecha y el Gobierno recurrieron una vez más al Tribunal Constitucional para que actuara como tercera cámara y quitara este beneficio a los estudiantes”, afirmó Provoste.
En la misma línea, la legisladora recordó que en dicha “oportunidad se acordó la conformación de una comisión con la participación del Gobierno y las instituciones de educación superior para proponer alternativas de solución a este grave problema”.
“Pero a la fecha no conocemos de avances en esta instancia. Por lo mismo, propondremos nuevamente al gobierno una solución a este problema fundado en tres principios fundamentales”, enfatizó la representante de Atacama.
“El primero es que el Estado asuma su rol reconociendo la realidad que existe en todo el mundo de que la duración real de las carreras es mayor que la duración formal y por lo tanto los sistemas de financiamiento deben hacerse cargo de esta realidad. Más aun en el caso de estudiantes más pobres que se encuentran en menores condiciones para el éxito académico y al mismo tiempo tienen mayores necesidades socioeconómicas. Lo segundo es el rol de las propias instituciones de educación superior en orden a colaborar con los estudiantes para asegurar su éxito académico. Ello implica por ejemplo universalizar programas exitosos de acompañamiento en los primeros años a los estudiantes más carenciados. Y como tercer y último punto debe haber un compromiso de los propios estudiantes con sus estudios para cumplir en el menor tiempo posible con sus carreras”, concluyó Provoste.