Promulgación de Ley Aula Segura ratifica el compromiso del Gobierno con la educación y la seguridad

Promulgación de Ley Aula Segura ratifica el compromiso del Gobierno con la educación y la seguridad

La Secretaria Regional Ministerial de Gobierno, María Francisca Plaza, valoró la promulgación de la ley Aula Segura realizada por el Presidente Sebastián Piñera y manifestó que “este es un hito que ratifica el compromiso de nuestro Gobierno por la paz, la tranquilidad y la seguridad que debe tener la comunidad escolar en Chile”.

“Este proyecto fue una iniciativa que nuestro Presidente Sebastián Piñera junto a los chilenos sacaron adelante. Los padres enviarán a sus hijos a los diferentes establecimientos educacionales para que estudien tranquilos. Aquí pierden aquellos que con capuchas y molotov intentan imponer sus ideas a través de la violencia. Aula Segura estará siempre con los profesores que quieren enseñar y con los alumnos que quieren aprender. Para fortalecer nuestra educación hay que volver a restablecer los valores y principios, que se han visto vulnerados con mucha frecuencia y con demasiada impunidad”, agregó la autoridad.

La ley, que fue anunciada en septiembre y busca potenciar la sana convivencia en los establecimientos educacionales, permitirá que, durante el proceso de investigación de cualquier agresión, un alumno sea suspendido y no pueda seguir asistiendo a clases. En caso de que el director decida la expulsión de un alumno, el Ministerio de Educación deberá reubicarlo y adoptar medidas de apoyo.

La Seremi de Gobierno argumentó que “así como lo ha manifestado nuestro Intendente Francisco Sánchez, esta ley reúne el derecho que tienen todos los miembros de la comunidad escolar a desempeñarse en un ambiente seguro, el derecho que tienen los alumnos de estudiar, el derecho que tienen los apoderados de saber que sus hijos van a estudiar en un entorno tranquilo y el derecho que tienen las personas sancionadas a tener una debida defensa y proceso. Hoy convocamos a todos y a todas a continuar trabajando por la educación de nuestro país y nuestra región, a rostro descubierto y en forma pacífica. Aquellos que busca hacerlos con capuchas y bombas molotov, no tienen ningún espacio”.

Este proyecto lo que hace es tipificar conductas que van mucho más allá de una indisciplina o de una falta al orden, como por ejemplo tener armas o medios que puedan causar daño a la comunidad escolar, a los profesores, a los auxiliares, o cuando comprometen o agreden física o psíquicamente a miembros de esa comunidad escolar. En esos casos se va a aplicar Aula Segura

Procedimientos

La nueva ley “Aula Segura” conjuga con armonía el ejercicio de tres derechos fundamentales: el derecho a la seguridad de los docentes y la comunidad escolar, el derecho de los alumnos a poder estudiar en sus establecimientos educacionales, y también el derecho de los acusados a tener un debido proceso. Además, establece como causales de expulsión el uso y porte de armas, el daño a la integridad física y psíquica de cualquier miembro de la comunidad escolar y a terceros dentro del recinto, agresiones sexuales y los daños realizados a la infraestructura del establecimiento.

Frente a estos casos, el director estará obligado a iniciar un proceso sancionatorio según esté establecido en la ley, reglamentos y estatutos. Durante el proceso, contará con la facultad de suspender al alumno como medida cautelar, lo que evitará que la víctima de la agresión deba convivir con su victimario. Deberá informar sobre esta medida cautelar y sus fundamentos tanto al estudiante como a sus padres, y tendrá 10 días para resolver el procedimiento sancionatorio.

El procedimiento respetará el debido proceso, dándole al implicado la oportunidad de defenderse y solicitar la reconsideración de la medida dentro de los 5 días contados desde la notificación.

Adicionalmente, la SEREMI de Educación deberá velar por la reubicación del estudiante en establecimientos que cuenten con apoyo psicosocial, adoptará las medidas necesarias para su adecuada inserción en la comunidad escolar e informará a la Defensoría de los Derechos de la Niñez de cada proceso sancionatorio que implique la expulsión de un menor.

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