Apenas un mes después de ser removido por el Ministerio de Educación tras protagonizar una controversia por una fiesta de fin de año con limusina, Daslav Mihovilovic vuelve a estar en el centro del debate público. El exdirector del SLEP Atacama —quien fue criticado incluso por el Presidente Gabriel Boric— integra actualmente la terna final para dirigir el SLEP Litoral, en la Región de Valparaíso.
Mihovilovic fue destituido a comienzos de enero, luego de que se viralizara una celebración institucional que incluyó tortas, bar abierto, cámara 360° y el traslado de funcionarios en una limusina Hummer. El evento se desarrolló en un contexto marcado por denuncias relacionadas con falta de infraestructura y problemas en la calidad de establecimientos públicos de Atacama.
Durante la inauguración del Museo Regional de Atacama, el Presidente Gabriel Boric se refirió al episodio señalando que «disculpen la digresión, pero qué bueno que echamos al director del SLEP porque no he conocido a persona más descriteriada. Es uno de los descriterios más grandes que he visto».
Pese a estos antecedentes, según informó El Mercurio de Valparaíso, el nombre de Mihovilovic figura en la terna final para dirigir el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Litoral, organismo que agrupa a las comunas de Cartagena, El Quisco, El Tabo, Casablanca, Santo Domingo y San Antonio. La situación ha generado cuestionamientos en distintos sectores políticos.
Parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo manifestaron su preocupación por los criterios aplicados en el proceso de selección, considerando el historial reciente del exdirectivo. El diputado Luis Fernando Sánchez (Republicano) solicitó la impugnación inmediata del concurso y afirmó que «es preocupante que el SLEP de San Antonio tenga entre sus candidatos al destituido exdirector de Atacama, el mismo que hizo esa fiesta con recursos de todos los chilenos».
En la misma línea, el diputado Hotuiti Teao (Evópoli) indicó que «no es aceptable que aparezcan nombres vinculados a gestiones fallidas y escándalos graves en procesos que definen el futuro de la educación pública».
Desde el Congreso también se solicitó mayor claridad en los mecanismos de evaluación. El diputado Arturo Barrios (PS) planteó que estos procesos deben estar sometidos al escrutinio de la Comisión de Educación, recordando que el sistema de Alta Dirección Pública permite que cualquier persona postule, aunque sostuvo que el caso refleja una contradicción en los estándares.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Javier Venegas, calificó la situación como «una mala noticia para quienes creemos que la educación pública necesita gestión profesional», y cuestionó que se vincule a postulantes con «oficialismos» o redes políticas.