· La cartera regional contempla 437 empleos asociados y proyectos de servicios sanitarios rurales, conservación aeroportuaria y obras fluviales. La conservación del SSR Los Perales, en Alto del Carmen, ya fue adjudicada.
El Ministerio de Obras Públicas publicó el 100% de las 241 licitaciones comprometidas en el Plan Chile Despega, iniciativa que contempla una inversión adicional cercana a los US$400 millones a nivel nacional y proyecta generar alrededor de 23 mil empleos durante 2027.
En Atacama, el plan considera una cartera de inversión estimada en $7.247 millones y 437 empleos asociados. Los proyectos se distribuyen en servicios sanitarios rurales, conservación aeroportuaria y obras fluviales.
La delegada presidencial regional, Sofía Cid Versalovic, destacó el propósito de la iniciativa “seguimos en terreno dando a conocer a la región el Plan Chile Despega desde Obras Públicas y la cartera de proyectos que contempla para 2027. La idea es potenciar la inversión pública y generar empleo, una preocupación del Gobierno y también de la ciudadanía”.
La seremi MOP, Paula Guerrero Zaro, detalló el alcance regional del plan: “En Atacama tenemos una inversión cercana a los $7.200 millones y 437 empleos asociados. Considerando el efecto de estos proyectos, la generación de puestos de trabajo podría acercarse a los mil en la región”.
La cartera incluye proyectos de servicios sanitarios rurales en Cachiyuyo y en el sector de Los Perales, en Alto del Carmen; la conservación del Aeródromo de Chañaral y obras fluviales. La conservación del SSR Los Perales ya fue adjudicada. Además, durante noviembre se proyecta adjudicar dos obras fluviales, dentro de una cartera regional de cinco proyectos.
A nivel nacional, los 241 contratos corresponden a obras de distintas áreas del MOP y tendrán cobertura en las 16 regiones del país. A la fecha, se han realizado 101 aperturas de ofertas técnicas y económicas, y otras 85 están programadas para la próxima semana.
Para agilizar los procesos, la Dirección General de Obras Públicas implementó diez medidas extraordinarias que buscan reducir en cerca de un 30% el plazo entre el llamado a licitación y el inicio de los trabajos, pasando de seis a cuatro meses.