Los presidentes de partidos de oposición, jefes de bancada de la Cámara de Diputados, y del Senado de los desde la DC al PC— entregaron este lunes en La Moneda una carta dirigida al presidente José Antonio Kast, quien se encuentra de gira en Europa, para exigir nuevamente la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
En el documento, sostienen que el reconocimiento del error por las rebajas de condena no es suficiente y cuestionan que el secretario de Estado siga encabezando la respuesta a la crisis.
Además de pedir su renuncia, solicitaron transparentar los decretos que concedieron y rechazaron beneficios, presentar un plan para revisar su legalidad e iniciar las invalidaciones que correspondan. También exigieron medidas de atención y protección para las víctimas y sus familias.
Partidos de oposición exigen salida de Rabat
La carta emplaza directamente al mandatario por la respuesta que ha dado el Gobierno a las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.
“Usted afirmó que, frente a este error, su Gobierno estaría ‘a la altura’. Reconocer el error no basta. Estar a la altura exige reparar el daño provocado, hacer valer las responsabilidades políticas que correspondan y transparentar ante la ciudadanía todos los antecedentes”, señala el documento.
En ese contexto, la oposición insiste en que Rabat debe dejar el cargo y cuestiona su capacidad para conducir las conversaciones sobre las soluciones.
“Por ello reiteramos nuestra exigencia de que solicite la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, dada la gravedad de su error el Ministro ya no es interlocutor válido para el país y por lo mismo tampoco para nosotros como autoridades”, sostiene la carta.
El planteamiento confronta la decisión de Kast de mantener al ministro y encargarle las medidas para enfrentar la controversia. Los representantes opositores también piden que el presidente instruya la entrega de todos los antecedentes: “La ciudadanía tiene derecho a saber cómo y por qué se adoptaron”.
“La única manera de empezar a subsanar este error es con la renuncia del ministro Rabat. Para nosotros, el ministro ya no es interlocutor válido. Y lo decimos así, porque ni la ciudadanía le cree al ministro Rabat, ni tampoco nosotros”, dijo la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.
Publicar los decretos aprobados y otras solicitudes
La primera solicitud apunta a que Justicia entregue al Congreso y a la ciudadanía los decretos de reducción de condena dictados desde el 11 de marzo hasta la fecha, resguardando la identidad de las víctimas.
El requerimiento incluye los beneficios cuestionados por delitos sexuales contra menores y los otorgados a internos de Punta Peuco y Colina I. Pero la petición también abarca las solicitudes que fueron rechazadas durante el mismo período. El objetivo, explican, es “conocer en qué momento y por qué cambió el criterio”.
El segundo punto solicita una propuesta del Ejecutivo para revisar los decretos y determinar cuáles pueden revertirse: “Que el Gobierno presente a la brevedad un plan para la revisión de legalidad de cada decreto y el inicio de los procedimientos de invalidación que procedan”, plantea la carta.
El tercer eje exige un plan de atención para las víctimas y sus familias, con medidas que van desde informarles sobre la situación de su agresor hasta evaluar los riesgos que enfrentan. En concreto, solicitan “la identificación de las víctimas de cada caso y una comunicación directa y reservada que les informe de la situación de su agresor”.
También piden “una evaluación de riesgo individual y medidas de protección coordinadas con el Ministerio Público y las policías”, junto con atención psicológica, social y jurídica especializada.
La exigencia se conoce el mismo día en que Rabat anunció una mesa de trabajo por las víctimas, destinada a coordinar iniciativas legislativas y propuestas técnicas de organizaciones. En sus declaraciones, el ministro no detalló prestaciones específicas como las solicitadas en la carta.
“Estas medidas no agotan las responsabilidades que corresponde establecer. Son, sin embargo, lo mínimo que el país espera de un Gobierno que ha hecho de la protección de la infancia y de las víctimas uno de sus compromisos centrales”, concluye el documento.