Luis Silva dejará la Subsecretaría de Justicia, en medio de la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y luego de la publicación de un video en el que abordó su participación en la firma de los decretos cuestionados.
La salida de Silva se produce luego de que La Moneda comenzara a evaluar cambios en la cartera, especialmente tras la difusión del registro audiovisual que el ahora exsubsecretario publicó sin informar previamente al ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La decisión ocurre mientras el secretario de Estado se mantendría en su cargo, pese a los cuestionamientos políticos que ha enfrentado durante los últimos días por la concesión de los beneficios penitenciarios.
En su reemplazo asumirá Josefina Soto, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile que se desempeñó como coordinadora Legal y Administrativa del Ministerio de Hacienda durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Además, integró el Comité Técnico de Admisibilidad del proceso constitucional de 2023.
El video que profundizó la controversia
La situación de Silva se complicó luego de que publicara un video en sus redes sociales para explicar su participación en la firma de decretos que permitieron rebajar condenas.
En el registro, el entonces subsecretario sostuvo que había actuado conforme al criterio establecido por el propio ministro Rabat, lo que generó cuestionamientos sobre la coordinación interna de la cartera.
Ayer viernes, Silva reconoció que no había consultado previamente con el secretario de Estado la publicación del video, aunque defendió su contenido y aseguró que su propósito era informar a la ciudadanía sobre un procedimiento poco conocido.
“No estimé necesario consultarlo con el ministro”, afirmó durante un punto de prensa, agregando que no había entregado antecedentes distintos de los expuestos anteriormente por Rabat ante la Cámara de Diputadas y Diputados.
Los cambios que evaluaba La Moneda
El Gobierno evaluaba modificaciones en las subsecretarías de Justicia, mientras fuentes del Ejecutivo aseguraban que la continuidad de Fernando Rabat no estaba en discusión.
En la interna de La Moneda advertían que no podían seguir pasando por alto actitudes que no contribuyeran al orden ni al diseño político del Gobierno, en medio de las tensiones generadas por la controversia.
A este escenario se suma la investigación iniciada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte contra Rabat y Silva por presunta prevaricación administrativa, tras una denuncia presentada por parlamentarios de oposición por las rebajas de condenas.