Septiembre terminó con alzas en los combustibles y octubre comenzó con otra subida, elevando nuevamente los costos para quienes dependen del transporte. El diésel aumentó 95 pesos por litro y las gasolinas cerca de 39 pesos.
Y el efecto puede ir más allá de llenar el estanque, ya que el combustible es un insumo para trasladar alimentos, mercadería y personas, por lo que un mayor costo del transporte puede terminar presionando otros precios.
En agosto, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 1,4%, mientras transporte aumentó 1,6%.
Pero ese traspaso no necesariamente ocurre completo ni de inmediato. Una economía más débil y un consumo más contenido reducen el espacio que tienen las empresas para subir precios sin arriesgar una caída en sus ventas.
Ese equilibrio entre mayores costos y menor demanda será uno de los elementos a observar con el nuevo dato de inflación.
En ese escenario, el economista y académico de la Universidad de Santiago, Víctor Silva, proyectó que podría acercarse al 5%, considerando las presiones del petróleo, el dólar y el costo de los productos importados.
De concretarse, se trataría de “la cifra más alta desde el 2022. Hoy la inflación a 12 meses está en 4,1% y en lo que va del año ya acumula 3,6%”.
Presión al bolsillo familiar
Pero una inflación cercana al 5% no significa precisamente que todas las familias enfrenten el mismo aumento en sus gastos.
El IPC entrega un promedio nacional, pero hay hogares que destinan una parte mayor de sus ingresos a alimentos o transporte. Algunos cobros, además, se reajustan con rezago.
Asimismo, la economista de Rabbitts Capital, Yass Abarca, apuntó en especial a esa diferencia entre la cifra general y lo que termina pagando cada hogar: “Primero: no todos consumen lo mismo. La comida y transporte se llevan la mayor parte del sueldo y es ahí donde más ha subido”.
“Segundo, el golpe llega con retraso. Los arriendos están en UF y los sueldos se reajustan con el IPC”, remarcó Yass.
Y el escenario se vuelve más complejo cuando se considera el mercado laboral. La desocupación llegó a 9,6% en el trimestre junio-agosto y la informalidad alcanzó 26,3%. En doce meses, las personas ocupadas disminuyeron 0,9%.
Para una familia con menos margen de ingresos, cada aumento en alimentos, transporte o servicios puede pesar más. Esta situación también abrió una discusión política sobre el Gobierno de José Antonio Kast, de que haya decidido voluntariamente traspasar estos costos a los hogares.
Cuestionamientos
En este sentido, desde el mundo político se ha calificado al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como una autoridad indolente y sin empatía con los sectores más vulnerables.
La diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, también se sumó a los cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo y vinculó el escenario actual con las dificultades para generar empleo.
“Es una crisis creada por el presidente Kast y las malas decisiones que ha tomado el ministro Quiroz. Estamos llegando a un millón de personas que no tienen trabajo, y por eso, las expectativas tienen que ser mayores a las entregadas hoy por el Gobierno. Se pueden hacer muchas cosas, inversión pública”, expresó la parlamentaria.
Mientras la discusión se concentra en la inflación y el bolsillo, el aumento del diésel también abrió un segundo frente para el Gobierno. Los camioneros sostienen que el problema no está solamente en el precio del combustible, sino en cómo ese aumento modifica el costo de trasladar una carga.
En agosto, el Índice de Costos del Transporte subió 0,7% y acumuló 8,7% en los primeros ocho meses del año. Por eso los gremios llevan semanas conversando con Hacienda y Economía. La propuesta busca incorporar las variaciones del combustible en las tarifas del transporte de carga.
El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, detalló que este trabajo ya lleva más de dos semanas y que esperan avanzar durante los próximos días.
Sin embargo, los camioneros optaron por mantener abierta la negociación y el diálogo, pero el problema no termina en los camiones.
El mismo combustible que encarece el traslado de mercadería también afecta a quienes transportan pasajeros. También, los taxis, los colectivos, los furgones escolares y los buses enfrentan costos que dependen directamente de los combustibles.
El Gobierno, en tanto, mantiene medidas de apoyo para parte de estos sectores, pero aún se discute si alcanzan para compensar el aumento de los costos.
Por ello, el vocero de taxis y colectivos, Héctor Sandoval, indicó que el beneficio vigente representa una ayuda, pero no resuelve por completo las dificultades del transporte menor.
“Respecto al transporte menor, efectivamente se aprobó en el Senado la ley que va a permitir continuar con este bono de $100 mil por tres meses más. Es una ayuda, pero no la solución total”, remarcó Sandoval.
Y ahí es donde las dos discusiones terminan conectándose. A eso se sumó el presidente de la Confederación de Camioneros del Sur, Freddy Martínez, quien advirtió que “si el gobierno no reacciona… esto se va a poner muy feo”.
Ahora bien, si el combustible sigue aumentando, el transporte de carga tendrá mayores costos para mover los productos; simultáneamente, el transporte de pasajeros también deberá enfrentar mayores gastos. Una parte de esa presión puede terminar trasladándose a las tarifas y, posteriormente, al bolsillo de todas las familias.
Finalmente, este jueves, el IPC mostrará cuánto aumentaron los precios durante septiembre y, a su vez, permitirá conocer si la inflación continúa sobre el 4%.
En paralelo, Hacienda y Economía deberán avanzar en las conversaciones con los camioneros por el costo del diésel, mientras otros sectores del transporte también esperan respuestas.
El dato que permite dimensionar esta presión en el transporte es concreto. El Índice de Costos del Transporte acumuló un aumento de 8,7% entre enero y agosto, mientras el mercado espera para septiembre una inflación cercana al 0,5%.