En el marco de una grave denuncia de la unidad de investigación de Radio Bío Bío, publicada el 27 de septiembre, sobre irregularidades en el Primer Tribunal Ambiental, la senadora Yasna Provoste afirmó que la ciudadanía debe tener certeza, en orden a que toda causa será conocida por un tribunal independiente e imparcial y cualquier duda fundada sobre su función será examinada con rigor, porque “estamos ante hechos que de confirmarse podrían comprometer seriamente la confianza en la administración de justicia ambiental para las comunidades del Valle del Huasco”.
En esa línea, la senadora indicó que es fundamental determinar las eventuales responsabilidades, tomando en cuenta que, de acuerdo con el reportaje, el sitio institucional del tribunal publicó una información que anunciaba el rechazo de las solicitudes de medidas cautelares relacionadas con el proyecto de prospección minera El Alto, ubicado en la comuna de Alto del Carmen en la región de Atacama, sin que la correspondiente resolución estuviese disponible en el expediente judicial. La publicación fue posteriormente retirada y, al día siguiente, los 3 ministros titulares se inhabilitaron para conocer del asunto. La misma investigación periodística recoge el cuestionamiento sobre un eventual conflicto de interés del relator de la causa atendida, su vinculación laboral anterior con una empresa relacionada con el grupo empresarial al que pertenece la titular del proyecto.
De igual manera, la representante de Atacama detalló que las comunidades diaguita, las comunidades de agricultores y las comunidades del Valle del Huasco durante más de 25 años han recurrido a las herramientas institucionales para defender el territorio y su medio ambiente, han participado en los procedimientos de evaluación ambiental, han presentado observaciones, han reclamado ante las autoridades y han acudido a los tribunales. Y hoy piden respuestas y garantías para seguir confiando en esos mismos caminos.
“El acceso a la justicia ambiental requiere una respuesta oportuna. El artículo primero de la ley 20.600 establece que los tribunales ambientales están sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema; sobre esa base presentamos este oficio”, concluyó Yasna Provoste.