Ya comenzó la salida de los notarios, conservadores y archiveros mayores de 75 años. Son 35 funcionarios que desde este viernes deben dejar sus cargos, mientras algunos intentan frenar la medida en tribunales. Entre ellos, el conservador de Santiago Luis Maldonado, cuyo caso suma además dudas por el traspaso de sus registros.
A solo horas de que comience a regir el límite de 75 años para ejercer como notario, conservador o archivero, 35 auxiliares de la justicia dejarán sus cargos a partir de este viernes 2 de octubre, en uno de los principales efectos de la reforma al sistema notarial y registral.
Se trata de profesionales que tienen, en promedio, 81 años y que deberán pasar a retiro en virtud del artículo segundo transitorio de la Ley 21.772. Los decretos que formalizan sus respectivos ceses ya fueron firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario Luis Silva, y establecen que la salida de los cargos se producirá a contar de este viernes.
Entre los nombres que aparecen en el listado está el conservador de Santiago Luis Maldonado, de 81 años, quien precisamente ha protagonizado la ofensiva judicial para intentar evitar su salida. También figuran, entre otros, el conservador de Los Andes Alfonso Barrientos, de 96 años; la conservadora de Coquimbo Cesira Figari, de 88; el notario Juan Facuse, de 85; y el conservador de Valparaíso Ricardo Valderrama, de 84 años.
La salida de estos 35 funcionarios no significa que los oficios quedarán sin atención. La normativa contempla que sean reemplazados por interinos mientras el Servicio Civil desarrolla los concursos para escoger a los nuevos titulares. En las distintas regiones ya comenzaron a emitirse los decretos que establecen el orden de prelación para esas subrogancias.
En el caso del Conservador de Santiago existe una situación particular. La ley estableció un mecanismo especial para que, ante la ausencia de uno de los titulares, sea reemplazado por los otros conservadores de acuerdo con su antigüedad. Esto significa que Carlos Miranda quedará a cargo de los tres oficios de Santiago, considerando además que Kamel Saquel ya no se encuentra ejerciendo.
Mientras se prepara este cambio, un grupo de cinco notarios y conservadores intenta evitar judicialmente el cese. Se trata de Maldonado, la notaria de Melipilla Rosemarie Mery, el conservador de Pozo Almonte Enso González, la notaria de Las Condes Linda Bosch y la notaria de La Calera Lidia Chahuán.
Invocan Ley Zamudio
Todos recurrieron a la justicia civil invocando la Ley Zamudio y sosteniendo que la aplicación del límite de edad constituiría una discriminación arbitraria. En el caso de Maldonado, la jueza Claudia Veloso requirió al Tribunal Constitucional la inaplicabilidad del artículo 6, letra b), de esa legislación, lo que abrió la causa ante el TC.
El organismo constitucional ya había admitido a trámite el requerimiento y suspendido la gestión pendiente ante la justicia civil, pero esa decisión no significó suspender el cese establecido por la reforma notarial. Por eso la defensa de Maldonado, encabezada por el exministro del TC Gonzalo García, pidió una medida adicional para impedir que el acto administrativo que formaliza su salida se haga efectivo antes de que el Tribunal pueda pronunciarse.
Al respecto explicó que “el objetivo de esa solicitud está lejos de constituir un privilegio. Tiene por objetivo no dilatar el proceso”.
La Primera Sala del Tribunal Constitucional revisó este miércoles los requerimientos vinculados a Maldonado, Mery y González. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había comunicado una resolución que suspendiera provisionalmente los ceses, por lo que los decretos siguen adelante y la fecha fijada por la ley se mantiene.
Desde el ámbito jurídico, el exministro de Justicia y académico de la Universidad Diego Portales, Jaime Gajardo, sostiene que la reforma sí contempló un período de transición y que los plazos permitieron preparar la salida de quienes superaban los 75 años.
“La transición, la ley la contempló. Lo que ha ocurrido es que tanto esos notarios como quienes, lamentablemente, tienen algún grado de capacidad de presión dentro de las notarías, archiveros conservadores, se han opuesto a todas estas modificaciones legales por sus propios intereses”, aseguró Gajardo.
Por su parte, desde la Asociación de Notarios, Archiveros y Conservadores, su presidente Carlos Miranda reconoce que el límite de edad fue establecido por el legislador y que debe aplicarse, aunque sostiene que quienes consideren vulnerados sus derechos tienen la posibilidad de acudir a los tribunales.
Para la mayoría de los 35 afectados, la salida ya está formalizada y dará paso a interinatos mientras se realizan los concursos. En tanto, respecto a los cinco que decidieron recurrir a tribunales, el futuro de sus cargos todavía depende de las resoluciones que adopten los tribunales civiles y el Tribunal Constitucional.