El Gobierno necesita votos de la oposición para rescatar su reforma migratoria. Y muchos. Pero justo cuando comenzó a tender puentes en el Senado para conseguirlos, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, abrió un nuevo flanco: aseguró que, si dependiera de él, no iría al Congreso y que todavía hay “ciertas cosas políticas” que no logra entender.
La frase cayó en el peor momento posible.
Tras la derrota por apenas un voto que sufrió el Ejecutivo el martes en la Cámara de Diputados, La Moneda comenzó a explorar una salida excepcional para mantener con vida la reforma constitucional que busca ampliar los plazos de detención de extranjeros con orden de expulsión.
El proyecto obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, cuando necesitaba 89 respaldos para superar el quórum exigido. El propio Arrau responsabilizó posteriormente a los 47 diputados que votaron en contra o se abstuvieron y les pidió “recapacitar”.
Ahora el Ejecutivo evalúa recurrir al mecanismo constitucional de la insistencia. La fórmula permitiría al Presidente llevar la iniciativa al Senado pese a haber sido rechazada en general por la Cámara de origen, pero obliga a enfrentar una barrera todavía más alta: reunir dos tercios en la Cámara revisora.
Es decir, lejos de poder prescindir de la oposición, el Gobierno necesita conversar con ella. Y ahí comenzó el problema.
La operación para buscar votos
Sin que la decisión esté completamente zanjada, fuentes de Radio Bío Bío señalan que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ya inició contactos con distintos parlamentarios para tantear la disposición a respaldar una eventual insistencia.
La atención está puesta especialmente en representantes de regiones del norte, donde la presión migratoria ha convertido el tema en una preocupación permanente, pero también en senadores de centroizquierda con quienes el Ejecutivo mantiene canales de conversación.
En ese mapa aparecen nombres como Pedro Araya y Paulina Vodanovic, además de otros parlamentarios opositores que podrían resultar determinantes.
El desafío político, sin embargo, es considerable. La derrota del martes dejó al descubierto las dificultades del propio oficialismo para ordenar sus votos: la reforma cayó por una ausencia que terminó siendo decisiva y abrió recriminaciones internas sobre la coordinación legislativa del Gobierno.
Con ese antecedente todavía fresco, La Moneda debe ahora conseguir en el Senado un respaldo mucho más amplio.
Fue precisamente cuando comenzaban esos movimientos que Arrau volvió a tensionar la relación con el Congreso.
Arrau: “Yo, por mí, no iría al Congreso”
Consultado por su trabajo legislativo, el ministro de Seguridad reconoció abiertamente su incomodidad con una de las principales tareas políticas de su cargo.
“Yo, por mí, no iría al Congreso. Creo que la gestión es tremendamente más importante”, afirmó.
Arrau agregó que no es especialista en materias penales ni constitucionales, pero reconoció que, por su condición de ministro, debe asistir.
“Hay ciertas cosas políticas que aún no logro entender. Espero no tener que ir más de un día al Congreso”, sostuvo.
La declaración generó molestia en el Senado y golpeó precisamente uno de los puntos más débiles que enfrenta hoy el Ejecutivo: su necesidad de reconstruir conversaciones con la oposición para sacar adelante no solo la reforma migratoria, sino también su compleja agenda de seguridad.
Esta última ya venía con problemas. La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno no había conseguido reunir los apoyos necesarios en el Senado y las conversaciones se mantenían entrampadas durante septiembre.
Senador Flores emplaza al ministro Arrau: “Cámbiese de pega”
Las respuestas a Arrau llegaron desde sectores que podrían resultar relevantes para cualquier entendimiento transversal.
El senador DC Iván Flores cuestionó directamente la disposición del ministro para cumplir sus funciones políticas.
“Gobernar por decreto, yo creo que eso ya pasó a la historia. Si al ministro no le gusta venir, que no venga, está bien, pero alguien tendrá que hacer la pega de Seguridad. O no sabe hacer la pega, o no le gusta hacer la pega, entonces cámbiese de pega, así de simple”, fustigó.
El independiente del comité Evópoli, Matías Walker, recurrió a la ironía.
“Nosotros nos podemos entender con el ministro Secretario General de la Presidencia y así liberamos al ministro Martín Arrau de esta molestia que para él significaría venir al Congreso Nacional”, sentenció.
Incluso desde RN, Diego Schalper marcó distancia: “Por suerte, los ministros no hacen lo que prefieren, sino que hacen lo que tienen que hacer”.
Desde el oficialismo, en cambio, salieron a contener el golpe.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió a Arrau asegurando que quienes conocen su trabajo saben que está desplegado junto a las policías.
“Claramente, él es un ministro de acción. Tiene como ministro de Estado suficientemente claro que tiene que compatibilizar ambas acciones”, sostuvo.
El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, siguió la misma línea y puso el énfasis en la gestión.
“El trabajo de gestión es más significativo a la hora de medir los resultados en materia de seguridad. Acá en el Congreso nosotros nos hacemos cargo mientras él está en la calle”, afirmó.
La oposición pone condiciones
Pero mientras el oficialismo intentaba bajar la polémica, en paralelo seguían ocurriendo las conversaciones que La Moneda necesita para destrabar su agenda.
Los senadores Pedro Araya y Claudia Pascual sostuvieron una reunión con Squella para conocer elementos de la propuesta alternativa que se discute para la reforma de seguridad. Los opositores solicitaron un documento escrito que detalle sus alcances antes de continuar el análisis.
Araya, además, abrió una puerta para conversar con el Gobierno, aunque puso una condición política sobre la mesa: avanzar también en el levantamiento del secreto bancario.
“Estamos disponibles a abrir una conversación con el Gobierno en la medida en que también se le coloque urgencia al levantamiento del secreto bancario. Lo que se cayó ayer en la Cámara de Diputados era una buena idea, pero que claramente necesita una serie de mejoras”, sostuvo.
Paulina Vodanovic fue todavía más cauta.
“El Gobierno no ha ni siquiera conversado. Yo desconozco el contenido preciso del proyecto, no lo hemos estudiado todavía, y son decisiones colectivas. Aquí hay una postura que adoptó la oposición”, señaló la presidenta del PS.
Así, los votos que el Ejecutivo necesita todavía están lejos de estar asegurados.
Un gabinete complicado en el Congreso
El episodio vuelve a dejar a La Moneda frente a un problema que comienza a repetirse: tiene una agenda legislativa ambiciosa, pero sus principales ministros políticos llegan debilitados al momento de negociar.
García Ruminot quedó cuestionado tras las sucesivas descoordinaciones legislativas y, particularmente, después de que la reforma migratoria se rechazara por un solo voto. Rabat, en tanto, acumula las negociaciones por nombramientos judiciales, la agenda de Justicia y ahora también parte de las conversaciones migratorias.
Y Arrau, responsable político de una de las áreas prioritarias para el Gobierno, acaba de enfrentarse públicamente con el lugar donde necesita conseguir los votos para transformar esa agenda en leyes.
El escenario deja dos operaciones abiertas. Todavía no está escrito en piedra que el Presidente utilice la insistencia para intentar revivir la reforma migratoria, aunque el propio Gobierno ya ha transparentado que evalúa ese camino.
Tampoco está cerrada la fórmula alternativa con la que el oficialismo pretende destrabar su reforma de seguridad. Pero ambas tienen algo en común: necesitan acuerdos en el Senado.
Y justo cuando el Gobierno comenzó a buscarlos, su ministro de Seguridad dejó claro que, si fuera por él, preferiría estar en cualquier parte menos ahí.