El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó nuevamente el debate en torno a la reforma constitucional de seguridad que impulsa el Gobierno y aseguró que existe “cierto consenso” entre parlamentarios respecto de la iniciativa, pese a las críticas de diversos sectores. En esa línea, insistió en que el Ejecutivo está disponible para introducir modificaciones al proyecto.
Este miércoles, el secretario de Estado destacó que se han desarrollado reuniones con “parlamentarias, senadores, diputados, presidentes de partido, expertos constitucionales, y la reforma que se ha presentado en términos de combate al crimen organizado, al listado de organizaciones y a modificaciones del sistema penitenciario, tiene cierto consenso“.
Agregó que “hay que mejorar el tema de los controles, de los plazos, y hemos expresado nuestra voluntad de tramitar esto con calma”, razón por la que se bajará el nivel de urgencia de la iniciativa.
Consultado sobre cuándo espera que esté tramitada la reforma, señaló que espera que “esté listo a fin de año“, pero remarcó que ahora se dará espacio a los senadores, quienes, en reuniones privadas, dijo, “han manifestado muy buena disposición al diálogo, a sacar esto adelante, con efectivamente los tiempos y las mejoras que deben hacerse“.
Duración del estado de excepción no es una “línea roja”
Respecto de qué está dispuesto a ceder el Gobierno durante la tramitación del proyecto, planteó: “Las principales críticas han estado por la extensión de la duración del estado de excepción constitucional. Para nosotros eso no es una línea roja, totalmente disponible, incluso si es que es necesario dejarlo similar a los que existen hoy día, no es problema. Respecto a la interceptación de telecomunicaciones, también es un tema que podemos morigerar y discutir. Y el resto de los temas ya son ajustes bastante menores”.
No obstante, consultado sobre la posibilidad de retirar el estado de excepción propuesto, remarcó: “La verdad es que en las discusiones técnicas que hemos tenido con parlamentarios de amplios sectores políticos, todos coinciden en que se necesita un estado de excepción constitucional local para hacerse cargo de barrios, de zonas donde el crimen organizado opera y ahí necesitamos una intervención dura e intensiva, temporal y transitoria, por supuesto. Y, por tanto, hay consenso en que hay que mejorar esa excepcionalidad constitucional para hacernos cargo de esa realidad”.
“¿Cuál es la forma? Bueno, es lo que estamos discutiendo con los parlamentarios, pero es cosa de revisar todos los proyectos que han presentado los propios parlamentarios, varios de ellos que han estado en el debate estos días, sobre precisamente estados de excepción constitucional en los últimos años. Y, por eso, hay consenso en que se debe hacer algo y esa forma es la que estamos hoy día conversando con diferentes sectores políticos”, apuntó.
Arrau lleva discusión a otros temas de la agenda
El jefe de Seguridad Pública agradeció la buena voluntad de los parlamentarios y recalcó que “la próxima semana se disminuirá el nivel de urgencia” de la reforma, para continuar con las conversaciones en el Congreso, desde donde tanto oficialistas como opositores han manifestado duros reparos a la norma.
Finalmente, el ministro recordó que “hay una serie de otros proyectos de temas migratorios, de temas de retención de personas inmigrantes, de reglas de uso de la fuerza, de protección a nuestras policías, que son muy urgentes y que están con máximo nivel de urgencia, a diferencia de este proyecto que está con un nivel de urgencia bastante bajo“, llevando la discusión hacia otros aspectos de la agenda.