La ministra de Energía, Ximena Rincón, admitió que mantener un estado de excepción por 120 días sin ratificación del Congreso, como plantea el Gobierno de Kast para fortalecer la vigilancia en territorios inseguros del país, «puede ser un exceso».
Aludiendo a la situación en la Macrozona Sur, la exsenadora observó que «el gobierno anterior, durante toda su gestión, mantuvo el estado de excepción, e iba al Parlamento sin ningún antecedente firme que permitiera tener claridad de lo que se estaba haciendo, desde el punto de vista de los avances, y se le renovó siempre el estado de excepción».
«Cada 15 días estábamos en este ejercicio que de verdad nos complejizaba el trabajo legislativo en otros ámbitos. Entonces, pueden ser un exceso los 120 días, pero claramente, estar concurriendo al Parlamento cada 15 días para no aportar ningún dato, y simplemente renovar un estado de excepción, creo que al final tampoco es la fórmula«, reflexionó.
A la vez, sostuvo que «si ustedes buscan en mi trabajo legislativo, se podrán encontrar con iniciativas que el gobierno anterior no consideró, como un proyecto que presentamos junto a los senadores Matías Walker (ex-Demócratas) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) de segregación carcelaria replicando el modelo italiano. Entonces, creo que el gobierno anterior dejó de hacer en esta materia, y a este Gobierno le toca enfrentar una situación crítica en el ámbito de seguridad».
Siguiendo la disposición del Ejecutivo a morigerar ciertos puntos de esta y otras propuestas del ramo, la autoridad añadió que «se pueden encontrar puntos medios que permitan avanzar en una agenda de seguridad que logre abordar un tema tan complejo y tan delicado como este para el país».
«En el debate legislativo estoy tranquila, y en lo que logre el Gobierno con el Parlamento también. Tenemos una excelente relación con el Parlamento (…) Y creo que el diálogo va a permitir avanzar en una materia tan delicada como la seguridad», puntualizó.
Reposición de servicios básicos «requiere una adecuación»
En cuanto al requerimiento del Gobierno ante el Tribunal Constitucional para retirar un artículo de la megarreforma, que obliga a las empresas distribuidoras a reconectar gratuitamente los servicios de agua potable, gas y electricidad en zonas afectadas por catástrofe, la ministra aclaró que tienen un problema con el plazo en que se instruye completar la reparación.
«Obligar a una empresa que haga en 24 horas una reposición en una zona de catástrofe, donde las condiciones pueden ser desfavorables, desde el punto de vista del riesgo para el trabajador que tiene que cumplir con ese cometido, como para el mismo cliente que se va a ver beneficiado, es el punto. Exponer a un trabajador en condiciones extremas a ese plazo es lo que el Gobierno ha señalado requiere una revisión y una adecuación«, profundizó la titular de Energía.
A la vez, dijo lamentar que esta norma -impulsada originalmente por la oposición- «no pasó por ninguna comisión especializada que pudiera advertir esta situación (…) Lo que estamos pidiendo es simplemente que esa discusión se haga en una sede especial para que se tomen todas las consideraciones del caso, no es oponerse a la reposición».
Con todo, reiteró que el Ejecutivo evalúa ingresar una iniciativa que solo aborde esta materia, y que establezca plazos distintos para reanudar la operación.