Una auditoría interna realizada en el marco del Plan Inspección Total detectó una serie de irregularidades en la construcción y habilitación de las nuevas oficinas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujer), ubicadas en calle Agustinas 1269, en Santiago.
Según informó la cartera, el proyecto terminó con un costo de $2.831 millones, un 146% superior a los $1.100 millones presupuestados inicialmente. Además, el plazo de ejecución se extendió desde los 18 meses previstos originalmente hasta cerca de tres años y medio.
La iniciativa comenzó a gestarse en 2023 y contemplaba el traslado del ministerio desde sus antiguas dependencias en Catedral 1401 a un inmueble fiscal que anteriormente albergó al diario La Nación. El objetivo era generar un ahorro para el Estado mediante el término del arriendo de las oficinas anteriores.
Sin embargo, a los costos de construcción se sumaron $120 millones asociados al término anticipado del contrato de arriendo de las antiguas dependencias del MinMujer. Asimismo, actualmente se proyectan otros $494 millones para realizar reparaciones y trabajos de habilitación en el nuevo edificio.
Auditoría del MinMujer apunta a procesos de licitación
Entre los antecedentes revisados, la auditoría puso el foco en los procesos de adjudicación de las obras y en la participación de distintos oferentes.
De acuerdo con el informe, el contratista Alberto Felipe Olave Hernández concentró el 88% del gasto asociado al proyecto. En paralelo, ALSA SpA, empresa de propiedad de su esposa, participó en cuatro de las cinco licitaciones, aunque fue declarada inadmisible en todas ellas por no presentar la totalidad de los antecedentes requeridos.
Otro de los participantes recurrentes fue Elecsan SpA, que presentó ofertas económicas superiores a las de Olave en las distintas etapas en que compitió, aunque con diferencias acotadas.
Según la auditoría, la participación de ambas empresas habría permitido mantener el número mínimo de oferentes requerido para evitar que los procesos fueran declarados desiertos, pero no habría constituido una competencia efectiva por la adjudicación.
La situación, añade el documento, cambió en la Etapa 3, cuando participó Massardo y Principios Patrimonio Chile Limitada, firma que no había intervenido en las etapas anteriores y que presentó una oferta económica menor a la de Olave. Además, contaba con experiencia acreditada en la construcción de obras patrimoniales en Chile.
Pese a ello, la empresa obtuvo un puntaje inferior en la evaluación y no se adjudicó la licitación.
La auditoría también menciona al arquitecto Mario Neira Quiroga, quien fue contratado por el ministerio bajo la modalidad de contrata y a quien se señala como responsable de adjudicar una de las licitaciones.
Los antecedentes relacionados con la participación de las empresas, la concentración de las adjudicaciones y la evaluación de los oferentes fueron remitidos por la Subsecretaría de la Mujer al Ministerio Público.
Traslado se realizó sin acreditar plenamente condiciones de seguridad
Otro de los puntos observados corresponde a las condiciones de seguridad y habitabilidad del inmueble.
El traslado de los funcionarios se realizó entre el 13 y el 20 de febrero de 2026, pese a que, según la auditoría, no estaban plenamente acreditadas las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad.
El informe señala que durante este período se registraron accidentes al interior del edificio y que fue necesario decretar teletrabajo de excepción en seis oportunidades entre diciembre de 2025 y julio de 2026.
Una de estas medidas se adoptó debido a la aplicación de productos químicos utilizados para trabajos de desratización.
A esto se suman las reparaciones adicionales actualmente proyectadas, cuyo costo bordea los $494 millones y que no estaban contempladas en el presupuesto inicial informado para el proyecto.
La auditoría identificó en total ocho ámbitos de observación, entre ellos la subestimación inicial de costos y plazos, la división del proyecto en etapas y sus modificaciones, situaciones relacionadas con órdenes de compra y modificaciones contractuales, la ocupación de las dependencias sin acreditación plena de habitabilidad y seguridad, además de deficiencias estructurales y técnicas.
También se detectaron falencias en la ejecución, control y supervisión de las obras, junto con discrepancias en los criterios utilizados para seleccionar a uno de los proveedores.
MinMujer remitió antecedentes a Fiscalía y Contraloría
Tras conocer los resultados de la auditoría, la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género remitió los antecedentes al fiscal regional Metropolitano Centro Norte, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado.
Además, se instruyó un sumario administrativo, actualmente en curso.
“Cuando una auditoría detecta antecedentes que pueden revestir gravedad, nuestro deber es entregarlos a quienes corresponde investigar”, sostuvo la subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael.
En paralelo, el MinMujer informó que trabaja en la regularización de las condiciones del inmueble. Para ello, encargó una revisión técnica de las condiciones de habitabilidad, seguridad eléctrica y sanitaria, además de una evaluación estructural.