Las diputadas del Frente Amplio Javiera Morales y Lorena Fries oficiaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Subsecretaría de Derechos Humanos para exigir explicaciones por el cierre de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), decisión revelada por BioBioChile y que ha generado cuestionamientos por el futuro de las labores de búsqueda y acompañamiento a las víctimas.
En el documento, las parlamentarias solicitaron que el Ejecutivo informe las razones técnicas y presupuestarias que llevaron a poner fin a la unidad, creada hace apenas cuatro meses para dar cumplimiento a un mandato legal, y cómo se garantizará la continuidad de las funciones que desarrollaba.
Las adopciones forzadas o irregulares se remontan al menos a la década de 1950 y se intensificaron durante la dictadura. Las estimaciones realizadas en el marco de las investigaciones recientes hablan de más de 20 mil casos en el país.
Diputadas piden explicaciones por cierre de unidad de adopciones ilegales
La UBAFI fue creada en febrero de este año por la Subsecretaría de Derechos Humanos, luego de que la Ley de Reajuste del sector público estableciera que dicho organismo debía realizar investigaciones administrativas cuando los tribunales lo requirieran en causas de adopciones ilegales o forzadas.
Entre sus funciones figuraban la búsqueda documental de antecedentes, la coordinación de análisis genéticos con el Servicio Médico Legal, el apoyo jurídico, el acompañamiento psicosocial a las víctimas y la articulación con organismos nacionales e internacionales para facilitar reencuentros familiares.
Sin embargo, la Subsecretaría de DDHH, bajo el Gobierno de José Antonio Kast, resolvió dejar sin efecto la unidad mediante una resolución dictada en junio y reasignó sus funciones al gabinete de la subsecretaría (encabezada por Pablo Mira), desvinculando además a los tres profesionales que integraban el equipo.
Tras conocerse la decisión, las diputadas Morales y Fries solicitaron que el Gobierno detalle las razones que motivaron el cierre y explique qué mecanismos implementará para asegurar que el traspaso de funciones permita responder oportunamente a los requerimientos judiciales y a las solicitudes de búsqueda de origen.
Asimismo, pidieron conocer cómo se dará continuidad a los convenios de cooperación internacional, los procesos de reunificación familiar y los análisis genéticos contemplados en la implementación de la ley.
“Es una doble victimización”
La diputada e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Javiera Morales, cuestionó la decisión del Ejecutivo y advirtió que aún existen miles de familias esperando respuestas.
“Hemos conocido múltiples reencuentros que se han producido los últimos años entre esas madres que les arrebataron a sus hijos, y esos hijos que tienen derecho a saber su verdad”, afirmó.
La parlamentaria sostuvo que la unidad había trabajado junto a organizaciones de víctimas y criticó que se haya puesto fin a su funcionamiento sin una explicación pública.
“Nos parece que cerrarla sin ninguna explicación, sin saber cómo se va a continuar con esa labor, es una doble victimización para todas esas mujeres. Es importante que el Gobierno les entregue una explicación”, señaló.
Por su parte, la diputada Lorena Fries destacó que la unidad buscaba contribuir al reencuentro de familias separadas por adopciones ilegales tanto dentro como fuera de Chile.
La integrante de la Comisión de Familia sostuvo que el cierre debe analizarse también en el contexto de las investigaciones sobre vulneraciones a niños, niñas y adolescentes que actualmente desarrolla la Comisión de Verdad.
“Tenemos una deuda con niños, niñas y adolescentes, aunque sean adultos y, por lo tanto, es un retroceso que este gobierno, que dijo ‘los niños primero’, hoy día se muestre tan displicente”, afirmó.
La ofensiva parlamentaria se suma a las críticas formuladas en los últimos días por organizaciones de víctimas y por el exministro de Justicia Jaime Gajardo, quien calificó el cierre de la unidad como “un retroceso importante y doloroso”, al advertir que la instancia había sido creada precisamente para cumplir el mandato legal de búsqueda administrativa y coordinación con el Poder Judicial y el Servicio Médico Legal.