La exministra de Seguridad del presidente José Antonio Kast, Trinidad Steinert, actuó al margen de la ley durante su gestión como secretaria de Estado.
Según información exclusiva de Radio Bio Bio, la Contraloría General de la República concluyó que Steintert se extralimitó en sus labores al solicitar a la PDI antecedentes detallados sobre funcionarios que además, participaban en una investigación penal en curso.
El oficio, al que tuvo acceso este medio, revela varios aspectos. En primer lugar, establece que la información requerida por la entonces ministra no era necesaria para el ejercicio de las funciones de planificación del Ministerio de Seguridad, por lo que excedía el ámbito de sus atribuciones.
Además, la Contraloría advirtió que dicha solicitud podía afectar el desarrollo de una investigación penal vigente, algo que la legislación prohíbe expresamente.
Contraloría determina actuación ilegal de exministra Trinidad Steinert
El pronunciamiento del órgano fiscalizador se originó tras requerimientos presentados por los diputados Raúl Leiva y Patricio Pinilla, quienes cuestionaron la legalidad de un oficio reservado enviado por la entonces secretaria de Estado apenas dos días después de asumir el cargo, en marzo de este año.
Un documento fechado el 13 de marzo —a menos de 48 horas de asumir— muestra que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados al caso “Clan Chen” en Tarapacá. Días después, la subdirectora de Inteligencia de la PDI fue removida tras una solicitud directa de la secretaría de Estado. La secuencia instala dudas sobre una eventual “pasada de cuenta” de carácter personal de la ministra con la ahora exfuncionaria de la policía civil.
Entre los antecedentes requeridos figuraban los nombres completos, RUT, grados y destinos actuales de los funcionarios involucrados, además de eventuales antecedentes disciplinarios, sumarios internos y denuncias penales que pudieran existir en su contra.
Para la Contraloría, ese nivel de detalle excedía las facultades que la ley entrega al Ministerio de Seguridad para requerir información a las policías, ya que dichos antecedentes no resultaban necesarios para las labores de planificación, coordinación y supervisión que corresponden a esa cartera.
El organismo agregó que la propia ley prohíbe expresamente solicitar información cuya divulgación pueda afectar una investigación penal en desarrollo, situación que a juicio del ente contralor podía producirse en este caso.
“En efecto, no se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos en la especie, puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes, las cuales, conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad que define dicho MSP.
”Dictamen Contraloría
Deber de abstención
Uno de los puntos más relevantes del dictamen apunta a que los requerimientos realizados por Steintert recaían sobre una brigada policial que había trabajado con ella durante su etapa como fiscal regional de Tarapacá.
Por esa razón, la Contraloría sostuvo que la entonces ministra debía observar el deber de abstención para evitar un eventual conflicto de interés derivado de su relación profesional previa con los funcionarios involucrados.
En esa línea, el organismo concluyó que la actuación de la exautoridad “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial” y que tampoco se aviene con el deber de abstención que debía observar.
No obstante, el dictamen no atribuye responsabilidades penales ni cuestiona la legalidad de la salida de la entonces prefecta general de la PDI, cuya desvinculación fue considerada ajustada a derecho por la propia Contraloría.