La senadora Yasna Provoste Campillay defendió el rol del Tribunal Constitucional tras el debate generado por el fallo relacionado con el proyecto sobre seguridad y convivencia escolar, afirmando que el organismo cumple una función esencial en la protección del orden constitucional y rechazando las críticas que califican a sus integrantes como «jueces activistas».
Durante su intervención en la Sala del Senado, la parlamentaria sostuvo que las resoluciones del Tribunal Constitucional deben ser respetadas, especialmente cuando aún no se conoce el texto íntegro del fallo.
Provoste recordó que, en distintas oportunidades, ha recurrido al Tribunal Constitucional, obteniendo resultados favorables en algunos casos y adversos en otros, pero aseguró que nunca ha cuestionado la legitimidad de sus integrantes ni ha atribuido motivaciones políticas a sus decisiones.
Como ejemplo, mencionó la discusión de la Ley de Presupuestos de 2018, cuando el entonces Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional para impugnar el uso de recursos del Fondo Solidario por parte de las universidades. La senadora recordó que, pese a que la impugnación prosperó, posteriormente la misma administración incorporó esa medida en una nueva iniciativa legal, la que finalmente se transformó en ley.
Respecto del proyecto sobre seguridad escolar, Provoste señaló que durante su tramitación en la Comisión de Educación se acordó que la revisión de mochilas solo pudiera realizarse mediante actos fundados, con el fin de evitar medidas arbitrarias y resguardar las garantías constitucionales de los estudiantes.
Sin embargo, aseguró que durante la discusión posterior en la Sala dichos resguardos fueron eliminados mediante modificaciones impulsadas por senadores que, según afirmó, no habían participado del debate en comisión.
La legisladora explicó que esa situación motivó el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional, enfatizando que el objetivo nunca fue frenar la iniciativa, sino garantizar que las herramientas incorporadas al sistema educativo fueran compatibles con la Constitución y con los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, destacó que durante toda la tramitación respaldó las medidas destinadas a fortalecer la seguridad y la convivencia escolar, recordando además que recientemente se aprobó una robusta ley sobre convivencia escolar cuya implementación debe ser prioritaria.
Finalmente, Yasna Provoste sostuvo que el fallo del Tribunal Constitucional constituye una expresión del normal funcionamiento de las instituciones democráticas y de los mecanismos de control constitucional contemplados en la legislación chilena.
«La seguridad en las escuelas es una prioridad, pero también lo es el respeto al Estado de derecho. Ambas cosas son plenamente compatibles cuando actuamos con responsabilidad y dentro del marco constitucional», concluyó la parlamentaria.