En medio del debate por las medidas del Gobierno para aumentar la recaudación fiscal, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitó formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) iniciar acciones judiciales —incluyendo querellas— contra más de 1.800 beneficiarios del programa Becas Chile que se quedaron en el extranjero, incumpliendo la obligación legal de retornar al país.
La ofensiva está encabezada por la jefa de la bancada gremialista, Flor Weisse, junto al diputado de la comisión de Ciencias, Cristóbal Martínez. Ambos parlamentarios respaldaron la postura del Ministerio de Hacienda de perseguir los recursos fiscales asignados a quienes rompieron el compromiso del beneficio.
Los números del incumplimiento: $100 mil millones en el aire
El requerimiento de la UDI se basa en una reciente auditoría del Ministerio de Ciencia, la cual reveló que entre los años 2008 y 2025, el Estado chileno desembolsó cerca de $100 mil millones en profesionales que, hasta la fecha, no han acreditado su regreso a Chile tras finalizar sus estudios de postgrado.
De acuerdo a los antecedentes de los legisladores, se trata de 1.806 personas en situación de incumplimiento, cifra que representa casi el 15% del universo total de beneficiarios del programa (12.505 becados).
“Estamos hablando de becas financiadas con recursos de todos los chilenos, por lo que no puede existir ningún espacio para tolerar un mal uso de este programa (…). Si postularon con pleno conocimiento de las condiciones y hoy no han cumplido con su deber, lo que corresponde es que las autoridades adopten todas las medidas necesarias para recuperar esos recursos”, manifestaron Weisse y Martínez.
UDI exige al CDE querellarse contra más de 1.800 beneficiarios de Becas Chile
Los parlamentarios anunciaron el envío de un oficio al CDE para que active todas las herramientas legales disponibles. En esa línea, advirtieron que “cada peso que no se restituye es un recurso que se le termina quitando a otras urgencias del país, como en salud o seguridad”.
“El Estado tiene el deber de hacer valer los compromisos que las personas suscriben. Por lo mismo, no solo estamos respaldando al Gobierno en esta decisión, sino que también esperamos que el CDE se haga parte con el fin de recuperar estos dineros”, insistieron desde la bancada.
Esta presión política coincide con la fuerte controversia generada por la Tesorería General de la República, luego de que se aplicaran embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que perciben ingresos superiores a los $3,5 millones mensuales; una de las principales cartas de Hacienda para blindar las arcas fiscales.