La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó a Chile dentro de las 54 economías investigadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Esto, por considerar que existen falencias en la imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
Según la determinación emitida este 2 de junio, el organismo estadounidense concluyó que estas prácticas afectan el comercio de Estados Unidos, al permitir que productos asociados a trabajo forzoso compitan en condiciones que, a juicio de Washington, distorsionan el mercado y presionan a los productores que operan bajo estándares laborales formales.
Para Chile, el principal efecto potencial está en el frente arancelario.
Pues, la USTR fue explícita. En el apartado «Chile: Findings of Investigation», el organismo sostuvo que Chile «ha fallado en imponer y aplicar de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso». Además, concluyó que los actos, políticas y prácticas del país en esta materia son «irrazonables» y generan una «carga o restricción» al comercio estadounidense.
Con esa conclusión, Chile queda expuesto a las medidas propuestas, entre ellas, la USTR plantea aplicar aranceles adicionales a los productos provenientes de las economías investigadas, salvo las excepciones que se detallen en el anexo del aviso publicado en el Registro Federal.
Para las economías que, según Estados Unidos, cuentan con una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso o han asumido compromisos en esa línea, la tasa propuesta es de 10%. Para el resto, el arancel adicional propuesto asciende a 12,5%. Chile aparece dentro del grupo de 54 economías que, de acuerdo con la USTR, presentan falencias tanto en la imposición como en la aplicación efectiva de este tipo de prohibición.
Consultado al respecto, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, comentó que «entendemos que es una recomendación no vinculante. Nosotros seguiremos negociando y tenemos un Tratado de Libre Comercio y muy buenas relaciones».
El alcance concreto para Chile dependerá de la decisión final que adopte Washington tras el proceso de consulta pública, donde los interesados deberán solicitar su comparecencia antes del 22 de junio de 2026, mientras que los comentarios escritos podrán presentarse hasta el 6 de julio. La USTR celebrará audiencias públicas sobre las acciones propuestas el 7 de julio de 2026.