En el marco de la implementación de la Reforma de Pensiones, la Tesorería General de la República (TGR) inició este 1 de junio de 2026 su participación operativa en el nuevo Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC).
La instancia asumirá la gestión prejudicial de deudas previsionales de empleadores.
La medida se enmarca en lo establecido por la Ley 21.735 y apunta a reforzar el cobro de cotizaciones impagas, especialmente aquellas correspondientes a trabajadores cuyos empleadores declararon las obligaciones previsionales, pero no realizaron el pago correspondiente.
Para ello, la TGR implementó nuevos desarrollos informáticos que le permitirán recibir mensualmente la información enviada por el SUCC, segmentar las deudas y definir estrategias de cobranza según distintos criterios, como montos adeudados, antigüedad de la mora y comportamiento histórico de las carteras. Además, recibirá actualizaciones diarias sobre las deudas que sean regularizadas.
«El objetivo fundamental de esta nueva función que inicia Tesorería es contribuir a que las personas y empresas que adeudan cotizaciones previsionales regularicen esta situación, para que, en el futuro, las y los trabajadores tengan mejores pensiones», señaló el Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli.
La etapa prejudicial considera el contacto directo con los empleadores morosos, a quienes se les informará sobre sus obligaciones pendientes y se les invitará a regularizar su situación antes de que el caso avance a una eventual instancia judicial.
Según explicó el jefe de la División de Cobranza de la TGR, Aquiles Jara, el organismo utilizará distintos canales para llevar adelante esta gestión. «Para este fin, TGR pondrá a su disposición todos sus canales de contacto, tales como mailing, SMS, ejecutivos telefónicos y un bot especializado, de modo de establecer una comunicación fluida con los deudores y de este modo gestionar el cobro y facilitar el pago de estas deudas», indicó.
La cobranza prejudicial tendrá una duración de hasta 270 días en el caso de las deudas originadas por Declaración y No Pago, es decir, cuando el empleador informa las cotizaciones previsionales, pero no las paga. En estos casos, la deuda genera reajustes e intereses desde su vencimiento.
Para las Declaraciones y No Pago Automáticas, asociadas a incumplimientos que requieren validaciones adicionales, el plazo de gestión podrá extenderse hasta 720 días.
Si vencidos esos períodos los empleadores no regularizan sus obligaciones, quedarán expuestos a una demanda judicial, la que será presentada por un ente externo especializado que será adjudicado por el SUCC.
El nuevo sistema de cobro centralizado contempla también la participación de las AFP, PreviRed, el Instituto de Previsión Social, el Fondo Autónomo de Protección Previsional y el Poder Judicial, que será el encargado de tramitar y resolver las demandas de cobro judicial cuando las deudas no sean pagadas durante la etapa prejudicial.