“Por respeto a esos trabajadores, y por respeto a todos los chilenos, no podemos normalizar una conducción que permitió que se llegara a este punto”. Esa es la crítica que realizó el Ejecutivo ante la sobreestimación de 27 mil toneladas de cobre fino el año pasado en Codelco.
En línea con los dichos del biministro Daniel Mas, que dijo que la estatal “está fuera de control”, se sumó una nueva polémica: una investigación que lidera la compañía global KPMG con motivo de una denuncia recibida en enero de este año, que acusó a una serie de dirigentes de la División de Chuquicamata, que habrían obtenido ascensos irregulares y con ello, mayores sueldos.
Por la sobreestimación de las cifras, el Ministerio Público tomará parte en la investigación. Y en consecuencia de esa irregularidad, más de 6 mil trabajadores deberán devolver parte de los incentivos por cumplimiento de metas de producción de 2025.
El Congreso, en tanto, usará sus facultades para levantar una nueva comisión investigadora a la cuprífera, para la que se siguen juntando firmas.
El presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, Cristian Tapia, señaló que además se requieren otras medidas adicionales.
Sobre el impacto que esto tiene en la producción para 2026, hay economistas como Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, que sí ven un posible perjuicio fiscal.
Enés Zepeda, vocero de la Coordinadora de Trabajadores de la Minería y presidente de la Federación de Supervisores de Codelco, dijo que quedaron conformes con las sanciones adoptadas y agregó que todas las polémicas tienen consideraciones muy distintas al tratarse de una empresa pública.
Por último, sigue la pugna política por la posibilidad que barajaría el Ejecutivo de privatizar parte de la estatal, además de la expectación que estaría generando la llegada de Bernardo Fontaine al directorio. Asumirá oficialmente la presidencia de este último mañana martes 26 de mayo.