Ayer jueves y este viernes, el presidente José Antonio Kast está en una visita protocolar en la región de Atacama.
Ante la visita, comunidades y vecinos de la comuna de Copiapó enviaron una carta rechazando la instalación de la cárcel El Arenal.
La carta fue firmada por 16 organizaciones sociales, quienes acusan «riesgos asociados y afecta la percepción de seguridad, la inversión y el valor social del lugar».
Carta
Como comunidades, vecinos y familias de la provincia de Copiapó, queremos expresar con respeto, pero con mucha claridad, que no estamos de acuerdo con la instalación del centro penitenciario El Arenal en las cercanías de nuestras comunidades, instalada en la principal vía de conexión entre Copiapó y Caldera y tránsito obligado de vehículos con dirección al norte de nuestro país, y a minutos del aeropuerto. No se trata de oponernos al desarrollo ni a las políticas públicas del Estado, sino de proteger la seguridad, la calidad de vida y el desarrollo futuro de nuestros territorios.
Nuestra zona es rural, con vocación agrícola, residencial y comunitaria, donde viven niños, adultos mayores y familias que buscan tranquilidad y oportunidades. La instalación de una cárcel de gran escala cambia completamente la identidad del territorio, genera riesgos asociados y afecta la percepción de seguridad, la inversión y el valor social del lugar. Además de ello, hay que considerar que se verá afectado el turismo y los esfuerzos que se hacen para tener otras matrices productivas en la región.
Por medio de la presente, queremos manifestar nuestra profunda preocupación y oposición al proyecto de construcción de la cárcel “El Arenal”, iniciativa que ha generado inquietud y rechazo en gran parte de las comunidades y de las organizaciones sociales del territorio.
Nuestra oposición no nace desde una postura negativa al desarrollo ni al fortalecimiento del sistema penitenciario del país, sino desde la convicción de que este tipo de proyectos deben considerar de manera seria y responsable el impacto social, territorial, ambiental y de seguridad que generan en las comunidades donde se pretende emplazarlos.
El sector donde se trata de emplazar el proyecto penitenciario de El Arenal y sus alrededores representa una zona que durante años ha buscado crecer y desarrollarse de manera armónica, impulsando iniciativas ligadas a la vivienda, la agricultura, el turismo, el emprendimiento y la calidad de vida de sus habitantes.
Asimismo, existe una preocupación legítima respecto a la infraestructura de instituciones, la cual actualmente no se encuentra preparada para soportar el impacto que implicaría una obra de esta naturaleza. A esto se suma la incertidumbre respecto de las consecuencias sociales y urbanas que podrían generarse a mediano y largo plazo.
Otro punto fundamental es la sensación de falta de participación ciudadana efectiva. Las comunidades merecen ser escuchadas antes de adoptar decisiones que marcarán el destino de sus territorios por décadas. Consideramos indispensable que exista un proceso transparente, participativo y vinculante, donde los vecinos, dirigentes sociales y organizaciones puedan expresar sus opiniones y preocupaciones de manera real y considerada.
Creemos firmemente que el desarrollo del país debe construirse junto a las comunidades y no imponerse sobre ellas. Por ello, solicitamos respetuosamente al Gobierno revisar esta iniciativa, abrir espacios amplios de diálogo ciudadano y evaluar alternativas que no afecten la tranquilidad, seguridad y proyección de desarrollo de nuestro sector.
Esperamos que nuestra voz sea escuchada con la seriedad y respeto que merece una comunidad organizada que solo busca proteger su territorio y el bienestar de sus familias.
También es muy relevante mencionar a las comunidades indígenas, donde los pueblos originarios están dentro de los sitios prioritarios de Atacama, sitio número 18 de Monte Amargo con un polígono a gran escala. No es menor mencionar que esta cárcel se instalará dentro del sitio prioritario número 18 y que son dunas protegidas, de desierto florido de flora y fauna nativa, que también hay sitios de significación cultural y patrimonial y rutas trashumantes. Además, el Servicio de Evaluación Ambiental no ha realizado participación ciudadana y consulta indígena.
En resumen, pedimos que se reevalúe la localización del proyecto, priorizando lugares que no afecten comunidades consolidadas y que cuenten con mejores condiciones de seguridad y aceptación social. Queremos desarrollo para la región, pero un desarrollo armónico, seguro y respetuoso de las personas y sus territorios.