Por Yeremy Lillo y Martín Ñancucheo
Como ciudadano chileno, me inquieta ver cómo la crisis de salud mental en muchos jóvenes no es solo una situación crítica, sino una violación generalizada de derechos humanos. A cada joven que enfrenta depresión, ansiedad o ideas suicidas sin tener acceso a una atención adecuada y de calidad se le vulnera su derecho a la salud, a la vida digna y al libre desarrollo.
Esta problemática va mucho más allá del ámbito de la salud; es una falla del sistema que refuerza la discriminación y las diferencias territoriales. La falta de especialistas, las listas de espera y la falla del sistema público crean una barrera injusta donde, para tener acceso a la salud, depende mucho de tu nivel socioeconómico por sobre tu necesidad médica, así incumpliendo el derecho de igualdad para todos y formando una discriminación hacia los más vulnerables.
El sistema internacional es contundente; el comité de CESCR, en su observación general Nº14, implementa que la salud mental es un componente vital y esencial del derecho a la salud, requiriendo servicios accesibles y de calidad. La convención sobre los derechos del niño (CDN), en el artículo 24, obliga a asegurar el más alto nivel de bienestar físico y mental en la adolescencia. Igualmente, las diferentes recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU respaldan la garantía de tener un trato igualitario, priorizando modelos comunitarios y la destinación de fondos específicos para la ayuda de diversos jóvenes necesitados.
También debemos reconocer que el sufrimiento psicológico no es individual, sino un producto de diversas violencias sistemáticas que el Estado debe reparar. Chile, un país que es parte de los tratados, tiene la obligación tanto nacional como internacional de proteger, respaldar, respetar y cumplir estos derechos bajo los principios de progresar y no regresividad.
Esto infiere en la financiación de políticas sostenibles, un integramiento de normas para la prevención escolar y la garantía de una participación juvenil real. Lo que refuerza este mandato, seria nuestra constitución y la ley 20.584, pero sin una implementación efectiva, los derechos quedan sin importancia. Por este mismo motivo, el Estado debe publicar indicadores claros y responder ante los mecanismos de seguimiento de la ONU, asegurando que ningún joven quede desprotegido.
La crisis de salud mental juvenil en Chile no solo refleja una falta de atención, sino también una desconexión entre jóvenes y los espacios donde podrían encontrar apoyo. Que 1 de cada 7 adolescentes enfrenta un trastorno mental (OMS) demuestra que el problema es amplio y cercano. Pero muchas veces se vive en silencio.
Desde mi perspectiva, no todo puede depender de soluciones externas; también existe una responsabilidad comunitaria que no se está aprovechando. Espacios como centros de estudios, asambleas escolares, juntas de vecinos o instancias municipales podrían
transformarse en lugares reales de escucha y apoyo, pero hoy están subutilizados o alejados de las necesidades emocionales de jóvenes.
Creo que es clave fomentar una participación más activa; hablar de salud mental en comunidad, organizar instancias de diálogo y generar redes de apoyo entre pares puede marcar una diferencia concreta. Muchas veces el primer apoyo no necesita ser un especialista, sino un entorno que escuche, comprenda y acompañe.
En opinión, seguir viendo este problema como algo lejano o exclusivamente institucional solo mantiene la distancia. La salud mental también se construye desde lo cotidiano, en el colegio, en el barrio y en los espacios donde los jóvenes realmente participan. Y no solo de manera de tratamiento, es evitar problemas mayores en los jóvenes y garantizar una vida digna para todos.