La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Copiapó, organismo encargado de pronunciarse sobre las solicitudes de otorgamiento de este beneficio realizado por los internos de los centros penitenciarios de la región, acogió 8 de las 127 solicitudes presentadas en la primera sesión del año, cifra que corresponde al 6,3 por ciento del total.
La comisión fue encabezada por la presidenta del tribunal de alzada, Erika Villegas, e integrada por los jueces Paulo Muñoz y Luis Meza, del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, respectivamente; junto con la jueza Macarena Muñoz, del Juzgado de Letras y Garantía de Caldera; actuando como ministro de fe el relator del tribunal de alzada, Walter Pavez.
Tras un acabado análisis de las solicitudes recibidas –28 de Chañaral, 37 de Vallenar y 62 de Copiapó– en dos días de funcionamiento, se decidió otorgar el beneficio a ocho solicitantes: dos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, cuatro del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chañaral y dos del Centro de Detención Preventiva de Vallenar, que cumplieron con todos los requisitos objetivos a los que hace alusión la normativa legal, como lo es haber purgado al menos la mitad de la condena que se le impuso, haber mantenido una conducta intachable en el recinto penitenciario y haber demostrado avances en sus procesos de reinserción, junto con un informe favorable de Gendarmería.
Este informe de postulación psicosocial es fundamental, porque permite orientar a la comisión sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Contiene, además, los antecedentes sociales y las características de personalidad de la persona condenada, dando cuenta de la conciencia de la gravedad del delito, del mal que éste causa y de su rechazo explícito a tales delitos.
Cabe señalar que hubo tres solicitudes de las 127 presentadas, respecto de las cuales la comisión omitió pronunciamiento, debido a que al momento de ser revisadas los postulantes ya habían cumplido con su condena y se hizo innecesario analizar sus antecedentes.