El documento busca orientar a comunidades para prevenir hechos «que comprometan la integridad de estudiantes y equipos docentes».
Ayer viernes la Superintendencia de Educación dio a conocer la «Guía Práctica de Medidas de Seguridad en Establecimientos Educacionales», ante la escalada de violencia en recintos educativos en el país de los últimos días.
Según detallaron, se trata de un documento que busca «orientar a sostenedores, directivos y comunidades educativas en la prevención y respuesta ante hechos que comprometan la integridad de estudiantes y equipos docentes».
La superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, subrayó que «la seguridad y el bienestar de estudiantes y equipos educativos son una prioridad absoluta. Esta guía entrega herramientas concretas para actuar con rapidez y responsabilidad frente a situaciones extremas, reforzando la cultura de prevención y el trabajo conjunto con las familias y autoridades».
En esa línea, el texto recoge la necesidad de revisar y actualizar los protocolos de convivencia y violencia escolar, así como de fortalecer el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) mediante la creación de Comités de Seguridad.
El organismo detalló que estas instancias «permitirán coordinar acciones preventivas y de respuesta frente a emergencias, considerando la actual normativa, en espera de que sea aplicable la nueva Ley de Convivencia, Buen trato y Bienestar de las Comunidades Educativas».
El documento además integra un «refuerzo de medidas psicológicas y de salud mental, reconociendo que el bienestar emocional de estudiantes y funcionarios es clave para prevenir situaciones de riesgo».
Entre las medidas, se plantea «la adecuada coordinación interinstitucional con Carabineros, municipalidades y redes asistenciales», además de reforzar el control de ingreso y salida de los establecimientos educacionales para regular procedimientos claros para retiros anticipados y evitando situaciones de riesgo.
Sistemas de vigilancia
Otro aspecto que incluye la guía es la «evaluación de la instalación de sistemas de vigilancia y supervisión preventiva, siempre bajo criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales».
En un comunicado de la superintendencia se menciona que «la utilización de cámaras de seguridad, por ejemplo, debe estar debidamente regulada y limitada a fines de resguardo general del recinto, evitando cualquier forma de vigilancia excesiva o invasiva en espacios pedagógicos».
Asimismo, se contempla la definición de «dispositivos de alarma» que permitan alertar a la comunidad educativa frente a emergencias, diferenciando «entre hechos ocurridos dentro o fuera del establecimiento y estableciendo protocolos de evacuación o confinamiento, según corresponda».
Además, se recuerda a las comunidades el deber de denuncia dentro de las 24 horas de cualquier hecho constitutivo de delito que afecte a los alumnos o que ocurra en el recinto educacional.
En este punto se recordó también que cada establecimiento puede establecer sanciones para estudiantes que cometan delitos como la expulsión o cancelación de matrícula, además de la aplicación de la Ley Aula Segura.
Suspensiones de clases
Durante las últimas semanas han ido aumentando las amenazas de hechos violentos como ataques o tiroteos en varios colegios del país, lo que ha obligado a suspender las clases.
Ante esto, la Superintendencia de Educación mencionó que se establece la «posibilidad excepcional de reemplazar actividades presenciales por clases telemáticas, en casos de fuerza mayor que impidan la presencialidad».
Eso sí, se advierte que «si las clases son suspendidas por una amenaza o emergencia crítica, esto debe ser informado a la Dirección Provincial de Educación».
La superintendenta (s) Adriazola comentó que «queremos que las comunidades educativas cuenten con protocolos claros y eficaces. De ahí la importancia de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta de los establecimientos educacionales frente a escenarios críticos».