La Fiscalía de Atacama comenzó la presentación de pruebas en el juicio oral por el denominado caso “Cordeta”, investigación que indaga presuntos delitos de corrupción cometidos en la Municipalidad de Tierra Amarilla.
La causa, liderada por la Unidad de Causas Complejas del Ministerio Público, busca acreditar ilícitos como fraude al fisco, cohecho, soborno y delitos funcionarios, en hechos vinculados a la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal Cultural y Productivo de Tierra Amarilla.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, esta corporación fue creada en diciembre de 2015, iniciando desde entonces una serie de contrataciones presuntamente irregulares. Entre ellas, destaca un contrato por más de 214 millones de pesos con la empresa Likar SpA, destinado a servicios de aseo, seguridad y soporte técnico, el cual —según la Fiscalía— no se ajustó a los procedimientos legales y habría permitido la contratación de personas cercanas a la administración municipal, además de pagos por servicios que no se habrían ejecutado.
La investigación contempló diversas diligencias desarrolladas en conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile, incluyendo peritajes contables, análisis documental y toma de declaraciones, con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos y el Laboratorio de Criminalística.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentará además testimonios de funcionarios de la Contraloría Regional de Atacama, cuyos informes sobre rendiciones de cuentas forman parte de la acusación.
El fiscal a cargo de la causa, Luis Miranda Flores, explicó que los acusados corresponden a una persona jurídica y un particular, respecto de quienes se investigó su eventual responsabilidad en los hechos.
Se estima que la etapa de presentación de pruebas se extenderá por cerca de dos meses, periodo en el que la Fiscalía expondrá diversos antecedentes y convocará a testigos, entre ellos funcionarios policiales y trabajadores del municipio.
El caso “Cordeta” se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de probidad administrativa en la región, debido a la magnitud de los recursos involucrados y la naturaleza de los delitos investigados.