El Gobierno convocó para el lunes 9 de marzo, a las 16:00 horas, una sesión del Comité de Ministros del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a solo dos días del término del mandato del presidente Gabriel Boric.
La instancia de la máxima autoridad administrativa del SEIA, que será la última de la actual administración y será presidida por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, revisará dos proyectos de inversión: el Edificio Makroceano, en la región de Valparaíso, y la Adecuación Operacional de la Faena Minera Caserones, en Atacama.
A pesar de que el proyecto Dominga no está en tabla, la discusión vuelve a instalarse.
Dominga y una última sesión clave del Comité de Ministros ambiental
Recordemos que la empresa Andes Iron mantiene acciones legales para impugnar el rechazo del Comité de Ministros de enero de 2025, sosteniendo que se reabrieron materias ya evaluadas y que se incorporaron fundamentos que no formaban parte de las reclamaciones, vulnerando principios como congruencia y seguridad jurídica.
En ese contexto, el gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron, Francisco Villalón, afirmó que no está en duda el “mérito técnico” del proyecto y que recurrieron a tribunales buscando certeza jurídica, agregando que Dominga podría generar crecimiento y más de 30 mil empleos.
Oficialismo y oposición vuelven a enfrentarse por futuro del proyecto minero
En el Congreso, el diputado UDI y presidente de la comisión de Minería y Energía Marco Antonio Sulantay, sostuvo que el próximo gobierno debe priorizar proyectos mineros listos para iniciar faena y que, si Dominga logra habilitación jurídica, debiese avanzar “lo antes posible” para recuperar credibilidad.
En la vereda opuesta, la diputada PC Nathalie Castillo reiteró su rechazo, advirtiendo riesgos para el Archipiélago de Humboldt y acusando vicios y falta de legitimidad social.
Así, mientras el Comité de Ministros se apresta a resolver Makroceano y Caserones en la última semana del mandato, la disputa por Dominga queda instalada como uno de los conflictos ambientales y políticos que heredará el próximo gobierno.
Esto, con la vía administrativa tensionada, la judicialización en curso y un debate que divide al mundo político entre certezas para la inversión y resguardo ambiental.