La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 123 votos el proyecto de resolución titulado “Solicita a S. E. el Presidente de la República requerir la elaboración de planes para el estudio de drogas en aguas residuales a nivel nacional, en especial en los lugares que indica”, iniciativa presentada por el diputado Jaime Mulet.
El texto aprobado solicita al Ejecutivo instruir a los ministerios de Seguridad Pública, Salud, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y Justicia y Derechos Humanos, para que elaboren una política pública de estudio de aguas residuales orientada a la detección del consumo de drogas, junto con la adopción de protocolos que permitan su implementación progresiva a nivel nacional.
Antecedentes del proyecto
La resolución expone que actualmente la principal herramienta para medir el consumo de drogas en Chile es el Estudio Nacional de Drogas en Población General, que se realiza desde 1994. Si bien esta encuesta ha permitido observar tendencias, el texto advierte limitaciones relevantes: baja frecuencia en su aplicación, problemas de representatividad y posibles sesgos en la información, especialmente debido al estigma asociado al consumo. Además, excluye a poblaciones en situación de calle o institucionalizadas, como recintos hospitalarios y penitenciarios.
Frente a ello, la iniciativa plantea la necesidad de incorporar mecanismos complementarios y más objetivos de monitoreo, considerando el aumento del narcotráfico y su penetración en diversos espacios del país. En particular, propone priorizar análisis en aguas grises de lugares donde el ingreso de drogas no debiese producirse, como los recintos carcelarios.
El documento destaca que el análisis de aguas residuales es una metodología innovadora y de relativo bajo costo, que ha sido implementada en distintos países. En Europa, desde 2010 funciona una red especializada que coordina estudios bajo protocolos comunes. En América Latina, Chile ha avanzado en esta línea junto a Argentina y Uruguay, desarrollando sus propios estándares.
En el ámbito nacional, se menciona la experiencia del Centro de Vigilancia de Aguas Residuales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en la Región del Biobío, donde a través del denominado “Proyecto Centinela” —iniciado durante la pandemia para detectar COVID-19 y otros patógenos— se han realizado estudios que permitieron identificar patrones de consumo de drogas a nivel regional. Estos antecedentes, según el texto, demuestran la factibilidad técnica y el valor estratégico de contar con sistemas de alerta temprana basados en evidencia científica.
La resolución señala que para su implementación se requerirá personal especializado, laboratorios equipados y protocolos metodológicos estandarizados que aseguren la calidad y comparabilidad de los resultados.
Instituciones priorizadas
La propuesta contempla la implementación permanente del monitoreo en una serie de instituciones estratégicas, entre ellas:
· Congreso Nacional
· Palacio de La Moneda
· Recintos penitenciarios públicos y concesionados
· Centros de internación de menores
· Cuarteles de las Fuerzas Armadas
· Unidades policiales
· Escuelas matrices de Fuerzas Armadas y policías
· Edificios de Gobiernos Regionales
· Tribunales de Justicia
· Ministerios
· Ministerio Público
· Contraloría General de la República
El diputado Jaime Mulet señaló que la iniciativa busca que el Estado asuma una política pública basada en evidencia científica para enfrentar el fenómeno del consumo de drogas. “Estamos frente a una realidad que tiene impactos sanitarios, sociales y ambientales. Es necesario contar con información objetiva y sistemática que permita diseñar mejores políticas de prevención y recuperación”, indicó.
La resolución argumenta además que el consumo problemático debe abordarse desde una perspectiva integral, considerando sus efectos biosicosociales y diferenciando entre sustancias ilícitas y aquellas lícitas que requieren prescripción médica y control facultativo.