El Ministerio de Transportes confirmó que la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, no será implementada durante la actual administración.
Así lo reconoció el titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, quien sostuvo que “nos hemos demorado más de lo que nos deberíamos haber demorado”.
Aunque la normativa fue aprobada en el Congreso y su reglamento ya fue tomado de razón, el Ejecutivo no logró concretar la licitación para desarrollar la plataforma tecnológica que permitiría operativizar la ley. De hecho, la única oferta recibida fue declarada inadmisible, por no cumplir requisitos técnicos mínimos.
En este sentido, el titular de Transportes y Telecomunicaciones afirmó que su ambición es dejar el proceso de desarrollo iniciado para que la próxima administración pueda implementarlo y ajustar lo que estime necesario.
Desde el Congreso, el diputado republicano Juan Irarrázaval acusó falta de voluntad del Gobierno y calificó la ley como un mal proyecto. Mientras que el diputado Jaime Mulet fue más duro y calificó la demora como una vergüenza.
Desde el gremio de aplicaciones, la directora ejecutiva de Avanza IN, Marcela Sabat, alertó sobre el impacto que tendría una implementación forzada sin mejoras técnicas, asegurando que de implementarse más del 80% de los conductores podría quedar excluido de su trabajo.
En este sentido, llamó al nuevo Gobierno a trabajar en conjunto para corregir el reglamento y evitar que la entrada en vigor de la normativa deje fuera a miles de personas que ven en las empresas de aplicaciones de transporte un sustento.
La licitación declarada desierta en enero exigía una plataforma basada en servicios AWS y arquitectura moderna, pero la oferta presentada no acreditó experiencia ni certificaciones necesarias.
Sin nadie que calificara, el desarrollo del registro electrónico quedó en punto muerto, dificultando que la ley entre en vigor sin reiniciar todo el proceso.